Rosario Motorsport: prisión preventiva para dueños por estafas

El Centro de Justicia Penal fue el escenario de una audiencia que dejó en prisión preventiva por 60 días a dos empresarios rosarinos imputados por más de 67 estafas vinculadas a Rosario Motorsport.

La imputación la llevó adelante el fiscal Iván Enríquez, de la Unidad de Investigaciones Estratégicas del Ministerio Público de la Acusación, contra los dueños de la agencia de compra y venta de automotores ubicada en San Martín al 2600.

Uno de los imputados es Juan Gabriel Alegre, detenido el lunes pasado por efectivos de la Policía de Investigaciones en un procedimiento realizado en la zona de avenida Pellegrini al 800. Al día siguiente, Eduardo Escarcelo se presentó espontáneamente ante la PDI y también quedó detenido por orden fiscal.

La tercera persona imputada es una mujer identificada como N.E., mencionada por los denunciantes como otra de las interlocutoras de la firma. Al finalizar la audiencia, los dos hombres quedaron con prisión preventiva, mientras que ella siguió en libertad con restricciones, por orden de la jueza María de los Ángeles Granato.

La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal, donde la fiscalía detalló las denuncias que sostienen la imputación. El proceso judicial ahora deberá definir si los hechos configuran estafas concretas o si la defensa logra modificar la calificación.

La investigación se inició a partir de las denuncias de clientes que aseguran haber sido perjudicados en distintas operaciones con la agencia. Según la acusación, algunos entregaron vehículos usados como parte de pago para adquirir otras unidades y nunca recibieron los autos acordados.

También hay reclamos de personas que dejaron vehículos en consignación y luego descubrieron que habían sido vendidos sin su autorización. La cantidad de víctimas puede superar las 100 personas, según declaraciones de abogados que representan a los denunciantes.

Para los abogados de los denunciantes, el volumen de reclamos no es menor: hablan de una cantidad de víctimas que puede superar las 100 personas y de operaciones que se repiten en el tiempo. Esa cifra, aunque todavía no está cerrada, da una idea de la magnitud del problema.

En septiembre, compradores afectados estimaron que el perjuicio económico rondaría los 3 millones de dólares. Ese monto, sumado a la cantidad de denuncias, explica la magnitud de la causa que ahora avanza en la investigación.

La Fiscalía describe una modalidad en la que los acusados, bajo la estructura comercial de la sociedad, ofrecían precios o facilidades de pago supuestamente accesibles y un trato personal para aparentar garantía de conclusión favorable de la operación.

La fiscalía también deberá precisar el rol de cada uno de los imputados en las operaciones denunciadas, una tarea que puede definir el alcance final de la causa.

La defensa legal, a cargo de los abogados Carlos Varela y Juan Lewis, plantea que no hubo dolo ni intención de perjudicar a los clientes. Por eso, pedirá el cambio de carátula de la causa.

La Fiscalía busca establecer las responsabilidades individuales en las operaciones denunciadas y reconstruir el recorrido del dinero y de los vehículos involucrados. Ese trabajo será clave para definir si la imputación se mantiene o se reconfigura.

El caso también tuvo derivaciones en el fuero civil y comercial, donde la firma se presentó para intentar acceder a un concurso preventivo de acreedores. El trámite no prosperó debido a inconsistencias en la documentación presentada.

El intento de concurso preventivo y su rechazo por inconsistencias documentales agregan otra capa al caso: la firma no solo enfrenta una investigación, sino también un problema en el fuero civil y comercial.

La causa Rosario Motorsport ya no es solo una disputa comercial: es una investigación judicial que involucra a decenas de clientes, vehículos, dinero y una agencia que intentó ordenar su situación en el fuero civil.

Con informacion de: El Ciudadano, La Capital.