Mutuales y bancos regionales en la mira: el escándalo que sacude a 35.000 estatales de Santa Fe

Lo que durante años funcionó como un negocio silencioso y cómodo para las mutuales de Santa Fe se convirtió en una bomba de tiempo que el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió desactivar. El mecanismo era sencillo y brutal a la vez: antes de que el salario llegara al bolsillo del empleado público, las mutuales ya se habían llevado su parte. En algunos casos, la mitad del sueldo.

El sistema se llama "código de descuento" y funciona así: la mutual acreedora cobra las cuotas de los créditos otorgados directamente sobre el salario bruto, antes de que el trabajador perciba un solo peso. No es un débito automático posterior al cobro. Es un descuento que se aplica antes, que se suma a las retenciones habituales y que puede dejar al empleado con un ingreso de bolsillo dramáticamente reducido. El caso que disparó las alarmas fue el de los policías provinciales, que veían cómo su salario se reducía a la mitad antes de tocarlo.

Pero el problema era mucho más grande. Las auditorías del Ministerio de Economía de Santa Fe revelaron que cerca de 35.000 empleados públicos y jubilados provinciales tenían una porción sustancial de sus ingresos comprometida con este sistema. Un ejército de deudores atrapados en una red que, desde adentro, era casi imposible ver con claridad.

¿Cuánto importa la percepción en estas cosas? Mucho. Como señalan desde el propio entorno del gobierno provincial, no es lo mismo psicológicamente cobrar $1.600.000 que $800.000. En el primer caso, el trabajador siente que gana bien y paga sus deudas. En el segundo, siente que le roban. Y durante años, esa bronca se descargó contra el empleador —el Estado provincial— cuando en realidad el problema estaba en la cadena de prestamistas que operaban en las sombras de la burocracia.

Descubierto el esquema, Pullaro no dudó: les hizo saber a los mutualistas que las reglas iban a cambiar. La respuesta del ministro Pablo Olivares fue contundente: el tope máximo de descuento sobre el salario bajó del 50% al 25%. En la práctica, eso significa que el empleado recibe más plata en mano. Pero las mutuales salieron a quejarse con fuerza, argumentando que la medida las deja sin clientes: como la mayoría de los estatales ya supera ese 25% de endeudamiento o está muy cerca, las entidades se quedan sin margen para operar.

La respuesta desde los pasillos de Economía fue lapidaria: "Presten por afuera, y luego salgan a cobrar ustedes por su cuenta". La lógica es simple: el empleado puede seguir tomando deuda por encima del 25%, pero fuera del sistema de código de descuento. El régimen es voluntario. Nadie está obligado a sumarse ni prohibido de salirse. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿por qué nadie quiere irse del sistema? La respuesta está en el negocio. Los códigos de descuento le garantizan al prestamista el cobro sin necesidad de equipos de cobranza, sin gestión extrajudicial, sin riesgo de incobrabilidad. Un negocio redondo, cómodo y, hasta hace poco, invisible.

Lo que también salió a la luz en las últimas semanas fue algo más preocupante: la puja entre el gobierno y las mutuales destapó divisiones internas en el frente mutualista y, más grave aún, el descubrimiento de prácticas cuando menos vidriosas que involucran a bancos regionales. Triangulaciones opacas para acceder o comprar códigos de descuento que, en algunos casos, rozan lo que cualquier auditor calificaría como maniobras irregulares.

El gobierno provincial tiene sobre la mesa una advertencia que no es menor: si la situación no se encamina, no descarta eliminar directamente los códigos de descuento. El precedente existe y es reciente: la provincia de Chubut ya lo hizo. Sin esos códigos, el negocio millonario de las mutuales se cae. Y eso, en el tablero de negociación, vale más que cualquier argumento técnico.

El Ministerio de Economía trabaja además en un sistema de reordenamiento con esquemas de refinanciación a tasas bonificadas para aliviar la situación de los más endeudados. El plan tiene dos puntas: alivio para los trabajadores y regulación para las entidades. Lo que está claro es que el Estado provincial ya no está dispuesto a ser el blanco de una bronca que, en realidad, debería apuntar a otro lado.