Damfield y el Grupo Roma: inversores atrapados entre clausuras y un posible esquema Ponzi

La clausura provincial de los loteos del Grupo Roma desató una cadena de consecuencias que hoy tiene a cientos de inversores de clase media atrapados en un laberinto legal, financiero y ambiental sin salida clara a la vista. El caso Damfield es el más resonante, pero el conflicto se extiende a varios emprendimientos del empresario Pablo Cofano en la región metropolitana de Rosario.

Según pudo saber Rosario3, la empresa desarrolladora recibió un reclamo formal para que recomponga el terreno de Damfield tal como estaba antes de los movimientos de tierra realizados. Esa exigencia es la consecuencia procedimental directa del decreto provincial que clausuró y prohibió la concreción de la urbanización. La empresa, previsiblemente, apelará la decisión, sosteniendo la postura que viene manteniendo desde el inicio del conflicto.

El argumento que circula entre los inversores —y que algunos abogados ya están articulando— es que el cambio de postura de la provincia no puede perjudicar a quienes compraron lotes cuando Santa Fe había otorgado originalmente los permisos. Más aún: en el ambiente se habla, siempre off the record, de que la decisión original de habilitar esos desarrollos no fue solo técnica o jurídica, sino que tuvo otros condicionantes atribuibles a la gestión anterior. Una versión que la provincia nunca investigó formalmente. Si eso se probara, algunos inversores consideran que podría ser el propio Estado provincial quien deba repararles el daño.

El tiempo, sin embargo, no juega a favor. El Fiscal de Estado ya advirtió que la llegada de El Niño hacia fin de año representa una amenaza concreta de lluvias que podría agravar la situación hídrica de los terrenos clausurados, en particular Damfield. La urgencia contrasta con el ritmo de las respuestas institucionales: la próxima instancia formal es una audiencia de seguimiento proyectada para octubre, a la que los damnificados planean concurrir en masa pero con expectativas muy bajas.

Mientras tanto, Pablo Cofano tomó una iniciativa que generó reacciones encontradas: comenzó a llamar personalmente a referentes de los grupos autoconvocados —Comunidad Evolutiva y Los Naranjos— para pedirles que cesen los escraches en sus oficinas de Puerto Norte. El argumento que esgrime es concreto: cada escrache le genera multas de $1,5 millones por parte de los administradores del consorcio del edificio. La situación revela la presión financiera que el empresario enfrenta, aunque los damnificados no parecen dispuestos a bajar la intensidad de sus reclamos.

En el plano de las obras, el panorama es dispar. En Los Naranjos se registraron avances con la llegada de caños para resolver el déficit hídrico. Pero en Campo Madero, donde se necesita elevar torres de la EPE, los vecinos reclaman un esquema de financiamiento compartido que involucre a la empresa, a los compradores de lotes, a la EPE y a la Municipalidad de Ibarlucea —señalada como gran responsable por haber habilitado loteos sin los controles necesarios.

El interrogante que más inquieta al ambiente inversor es otro: ¿se trató de un esquema Ponzi? La pregunta cobra fuerza porque algunos analistas señalan que el modelo de Cofano dependía de que nuevos compradores de clase media siguieran ingresando para sostener los desarrollos anteriores. Cuando la provincia clausuró las obras y ese flujo se cortó, el sistema colapsó. Pero hay una segunda hipótesis más grave: que parte del dinero de los ahorristas haya sido desviado a otros negocios. En ese sentido, ya hay quienes pusieron la lupa sobre dos torres en Europa que Cofano anunció que financiaría en 2021 y 2022.

En el plano institucional, el Colegio de Corredores Inmobiliarios recibió 10 denuncias éticas que suman 800 páginas de documentación, convirtiéndose en la mayor denuncia por razones éticas presentada ante esa entidad. Las denuncias llegaron tras una reunión con unos 40 damnificados, quienes fueron informados de que el Colegio puede sancionar a los colegas que vendieron lotes sin realizar la debida diligencia —o sin informar a sus clientes sobre la situación real de los terrenos— con multas y quita de matrícula. Sin embargo, no tiene facultades para resarcir económicamente a los afectados: eso solo puede hacerlo la Justicia. Un dato relevante: Cofano comercializaba sus desarrollos con vendedores propios, ninguno matriculado como corredor inmobiliario, aunque también utilizó inmobiliarias externas.

El caso del Grupo Roma es, en definitiva, un espejo de lo que ocurre cuando el Estado habilita sin controlar, cuando los organismos de contralor actúan tarde y cuando la clase media apuesta sus ahorros en proyectos que prometen más de lo que pueden cumplir. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién paga los platos rotos?