Santa Fe reclama a Nación por tarifas eléctricas que subieron hasta 500% para industrias

El gobierno de Santa Fe salió a pelear por sus industrias. Ante los desbordantes aumentos en las facturas de energía eléctrica que vienen sufriendo empresas y grandes comercios de la provincia, la administración de Maximiliano Pullaro inició gestiones formales ante la Nación para exigir medidas que amortigüen el golpe de los nuevos cargos tarifarios. El reclamo no es menor: según denunciaron distintos sectores productivos, el costo del servicio trepó hasta un 500% en algunos casos.

No es la primera vez que Santa Fe tiene que salir con el sombrero en mano a Buenos Aires a reclamar lo que le corresponde. La historia de la relación Nación-Provincia está plagada de episodios donde el interior productivo paga los platos rotos de decisiones que se toman a mil kilómetros de distancia, sin pisar una fábrica ni un comercio del cordón industrial del Gran Rosario. Esta vez, el detonante son los cargos tarifarios que el esquema de desregulación energética del gobierno de Javier Milei trasladó de lleno al sector privado, sin contemplar el impacto diferencial sobre las economías regionales.

Los sectores más afectados son los grandes usuarios industriales y comerciales, aquellos que consumen energía en escala y que hasta hace poco contaban con esquemas de subsidios o tarifas diferenciadas que el ajuste nacional fue desmantelando. Para una pyme mediana del Parque Industrial de Rosario o una cadena de supermercados del interior provincial, una factura que se multiplica por cinco no es un número en un papel: es el límite entre seguir operando o bajar la persiana.

Desde la Provincia de Santa Fe, las gestiones apuntan a que la Nación revea los componentes de los nuevos cargos tarifarios, en particular aquellos vinculados a la potencia contratada y a los cargos de transporte y distribución que fueron actualizados de manera abrupta en el marco del proceso de quita de subsidios energéticos. El argumento santafesino es claro: la velocidad del ajuste no contempló la capacidad de absorción del aparato productivo provincial.

El contexto no es menor. Santa Fe es la tercera economía del país, con un tejido industrial diversificado que va desde el complejo oleaginoso y aceitero del Gran Rosario hasta las metalúrgicas del centro provincial, pasando por la industria alimenticia y el comercio de las grandes ciudades. Un shock tarifario de esta magnitud tiene efectos en cadena: presiona los costos de producción, erosiona la competitividad exportadora y, en el peor de los casos, acelera cierres y despidos.

Lo que está en juego también es político. Pullaro viene construyendo una gestión que se para firme frente a la Nación cuando los intereses santafesinos están en juego, sin caer en la confrontación estéril pero tampoco en la genuflexión que caracterizó a otras administraciones provinciales. El reclamo por las tarifas se suma a una agenda de tensiones acumuladas con el gobierno nacional: la coparticipación, la obra pública frenada, los fondos de seguridad prometidos y no girados. Santa Fe no está dispuesta a ser la variable de ajuste del experimento libertario.

Los sectores empresariales de la provincia, que en general acompañaron con expectativa el inicio de la gestión Milei, empiezan a mostrar señales de hartazgo. Cámaras industriales y comerciales vienen elevando el tono de sus quejas, y el gobierno provincial encontró en ese malestar una oportunidad para canalizar institucionalmente un reclamo que, de no tener respuesta, podría escalar en conflictividad social y económica.

La pelota queda ahora en la cancha de Buenos Aires. Si la Nación no da señales concretas de alivio tarifario, Santa Fe tendrá que decidir hasta dónde lleva el reclamo. Y en esa decisión, como siempre, estará en juego mucho más que una factura de luz.