Santa Fe reclama a Nación por facturas de energía con aumentos de hasta 500%

El Gobierno de Santa Fe salió a reclamar ante las autoridades nacionales por una situación que ya pone en jaque a cientos de empresas: las facturas de energía eléctrica para industrias y grandes comercios registraron incrementos de hasta el 500% en apenas un mes, como consecuencia de la aplicación de una resolución dictada durante la gestión de Alberto Fernández y que hoy ejecuta el organismo nacional Cammesa.

El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, confirmó que en los próximos días mantendrá una audiencia con autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación para plantear el problema y explorar alternativas. El universo afectado en la provincia alcanza a unas 340 industrias y cooperativas. "La preocupación está dada por el fuerte incremento de los costos operativos en un escenario de baja actividad económica. Estamos hablando de cuatro facturas consecutivas con aumentos crecientes que ponen en jaque a las industrias", advirtió el funcionario.

El origen del problema está en la Resolución Nº 976/23 de la Secretaría de Energía, que incorporó nuevos conceptos tarifarios denominados "Cargo Estabilizado Grandes Usuarios de Distribución (GUDIs)" y "Ajuste Complementario de Potencia GUDIs". Estos cargos son trasladados por Cammesa a las distribuidoras —como la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en Santa Fe— para su cobro a los usuarios alcanzados. Desde la EPE fueron explícitos: la suba no responde a ninguna decisión provincial, sino a una normativa nacional que hoy implementa la actual administración.

Los números son contundentes. En marzo, la facturación de Cammesa que impacta en usuarios santafesinos superó los 414 millones de pesos; en abril trepó a 1.271 millones; en mayo llegó a 7.110 millones; y para la factura de agosto se proyecta un total superior a los 14.300 millones de pesos. En términos porcentuales, los conceptos de la resolución registraron un incremento del 491,9% al comparar las facturas de abril y mayo de 2026. En algunos casos, los recargos adicionales superaron los 200 millones de pesos entre un período y otro.

Ante este cuadro, la propuesta central que Puccini llevará a la Nación es que se instruya a Cammesa para habilitar un mecanismo de diferimiento temporal de los saldos facturados durante los meses críticos —junio, julio y agosto—. La idea es distribuir esos costos hacia los meses de primavera y verano, cuando los cargos previstos por la resolución disminuyen significativamente. El objetivo es suavizar el impacto sobre la estructura de costos de las empresas sin resignar la recaudación del organismo nacional.

El ministro también aprovechará la agenda para volver a plantear la modificación del régimen de Zonas Frías, que según explicó no solo afecta a usuarios residenciales sino también a sectores productivos. Y cuestionó un apartado del proyecto que prevé la condonación de deudas a las distribuidoras Edenor y Edesur, las grandes empresas del área metropolitana de Buenos Aires, en lo que parece ser una señal de tensión entre los intereses del interior productivo y los del conurbano bonaerense.

El trasfondo del conflicto expone una tensión estructural del sistema energético argentino: una normativa diseñada en un contexto inflacionario y de subsidios masivos, que hoy se aplica con plena vigencia sobre un tejido industrial que todavía no termina de recuperarse. Para las industrias santafesinas, que operan con márgenes ajustados en un año de retracción del consumo, absorber un cargo que se multiplicó por 35 en cuatro meses no es una variable menor: es la diferencia entre seguir produciendo o cerrar.