Santa Fe reclama a Nación extender la SUBE: 1 de cada 4 usuarios sin tarifa social

El gobierno de Santa Fe volvió a la carga con un reclamo que se arrastra hace meses: que la Nación extienda el sistema SUBE a todo el transporte interurbano provincial. El motivo es concreto y tiene nombre y número: uno de cada cuatro usuarios que debería acceder a la tarifa social no puede hacerlo, simplemente porque la empresa de colectivos que toma no está integrada al sistema.

El planteo provincial apunta a una inequidad estructural: el beneficio de la tarifa social —que subsidia el costo del pasaje para jubilados, personas con discapacidad, desempleados y beneficiarios de planes sociales— queda supeditado a qué línea sube el pasajero, no a quién es ese pasajero. Una lógica absurda que castiga a los más vulnerables por una falla de coordinación entre el Estado nacional y las provincias.

La tarifa social SUBE fue creada en 2012 durante la gestión kirchnerista y permite descuentos de hasta el 55% en los primeros viajes del mes. Sin embargo, su cobertura siempre estuvo concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una expansión lenta y despareja hacia el interior del país. Santa Fe, con una red de transporte interurbano que conecta decenas de localidades, quedó con una integración parcial que hoy genera esta brecha.

Desde la perspectiva fiscal, el reclamo tiene una doble lectura. Por un lado, extender la SUBE implica mayor transparencia en el uso de los subsidios al transporte: el sistema permite rastrear cada viaje, cada beneficiario, cada peso gastado. Eso es exactamente lo contrario al esquema opaco de subsidios discrecionales que caracterizó a la era kirchnerista, donde el dinero fluía sin auditoría real. Por otro lado, la extensión del sistema requiere inversión en infraestructura tecnológica y acuerdos con empresas privadas que hoy operan fuera del esquema.

El transporte interurbano en Santa Fe moviliza a cientos de miles de personas por semana, muchas de ellas trabajadores que se desplazan entre localidades del interior para llegar a sus empleos, centros de salud o instituciones educativas. Para ese universo, la diferencia entre pagar tarifa plena o tarifa social puede representar una porción significativa del ingreso mensual, especialmente en un contexto donde la inflación acumulada de los últimos años destruyó el poder adquisitivo de los sectores más bajos.

El gobierno de Maximiliano Pullaro viene sosteniendo una postura de diálogo con la administración Milei, pero sin resignar reclamos concretos en materia de recursos y servicios para la provincia. Este pedido sobre la SUBE se inscribe en esa lógica: no es una confrontación ideológica, sino una demanda técnica y operativa que tiene impacto directo en la calidad de vida de los santafesinos.

La pelota queda en la cancha del gobierno nacional, que tiene en sus manos tanto la decisión política como la infraestructura del sistema. La pregunta es si la extensión de la SUBE al interior profundo del país entra en la agenda de un gobierno que, con razón, prioriza el equilibrio fiscal pero que también tiene la oportunidad de demostrar que la eficiencia del gasto no es incompatible con la equidad en el acceso a los servicios básicos.