Santa Fe lleva a la Corte Suprema nacional el fallo sobre tope jubilatorio

La pelea previsional en Santa Fe escala al máximo nivel judicial del país. La Corte Suprema de Justicia provincial se pronunció sobre dos de los puntos más controvertidos de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, y el resultado fue mixto: tumbó el tope a las jubilaciones por inconstitucional, pero respaldó los aportes solidarios. El Ejecutivo santafesino no acepta la primera parte del fallo y llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión del tribunal provincial cierra una etapa de un conflicto que tenía tanto contenido jurídico como político. La reforma previsional santafesina había generado una fuerte resistencia desde sectores sindicales y jubilados de altos haberes, que cuestionaban precisamente el mecanismo de tope que limitaba el monto máximo de los beneficios. Para el gobierno, ese tope era una herramienta de sustentabilidad fiscal del sistema, un argumento que la Corte local no consideró suficiente para superar el test constitucional.

Lo que sí sobrevivió al escrutinio judicial son los aportes solidarios, el mecanismo por el cual los trabajadores activos contribuyen al financiamiento de las jubilaciones en curso. Este punto, también resistido por algunos sectores, quedó validado por el máximo tribunal provincial y no será objeto de apelación.

El dato político es central: el gobierno provincial decidió no acatar el fallo en lo que refiere al tope y buscar revertirlo en la instancia federal. Se trata de una apuesta de alto riesgo institucional, pero también de una señal clara de que el Ejecutivo santafesino no está dispuesto a resignar una pieza que considera clave para el equilibrio de las cuentas previsionales. El sistema jubilatorio provincial, como el de casi todas las cajas no transferidas a la Nación, arrastra un déficit estructural que se financia con recursos del Tesoro provincial.

Las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional —entre las que se cuenta la de Santa Fe— son una fuente permanente de tensión fiscal. En muchos casos, los haberes máximos que pagan duplican o triplican lo que abona ANSES, y el financiamiento de esa brecha recae sobre el contribuyente provincial. La reforma que ahora está en disputa judicial apuntaba, precisamente, a acotar ese desequilibrio.

La decisión de recurrir a la Corte nacional abre un capítulo incierto. El máximo tribunal federal tiene una agenda cargada y sus tiempos son impredecibles. Mientras tanto, el fallo provincial queda en suspenso o en vigencia según lo que resuelva el propio tribunal en materia cautelar, lo que podría generar un período de indefinición para los jubilados afectados por el tope.

El caso también tiene implicancias para otras provincias que atraviesan debates similares sobre la sostenibilidad de sus sistemas previsionales. Un pronunciamiento de la Corte Suprema nacional sobre la constitucionalidad de los topes jubilatorios provinciales podría sentar jurisprudencia con alcance federal, convirtiendo a Santa Fe en el campo de batalla donde se defina una cuestión que excede ampliamente sus fronteras.