Marcha en Rosario contra la ley de Sturzenegger: desalojos express y quema de campos siguen en pie

El Gobierno nacional creyó que sacando el capítulo más explosivo del proyecto alcanzaba para bajar la temperatura. Se equivocó. La marcha en Rosario se hizo igual, y con razón: lo que quedó en el texto no es precisamente inocente.

El proyecto pomposamente bautizado «Inviolabilidad de la propiedad privada», impulsado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger, llegó al Senado este jueves con una modificación de último momento: afuera el capítulo que facilitaba la extranjerización del territorio nacional. Adentro, todo lo demás. Y lo demás no es poca cosa.

El texto que busca media sanción en la Cámara alta mantiene tres reformas que generan alarma en sectores muy distintos de la sociedad: una que acelera los procesos de desalojo, otra que impone mayores exigencias para que el Estado pueda expropiar bienes por razones de interés público, y una tercera que reduce las restricciones de uso de suelo en zonas incendiadas. Dicho en criollo: si alguien quema un campo, el proyecto abre la puerta para que ese terreno pueda usarse de otra manera más rápido. Un incentivo perverso en un país que ya tiene problemas serios con los incendios rurales.

En materia de desalojos, el cambio es significativo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitarse por la vía del juicio sumarísimo, con plazos más cortos y etapas concentradas. Pero hay un detalle que preocupa a los especialistas: la demanda podrá iniciarla cualquier sujeto que invoque un derecho o interés legítimo, sin que se exija expresamente que sea el propietario o titular del derecho a la restitución. Y el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble con una simple caución juratoria, es decir, una promesa de responder por los perjuicios. Sin garantía real. Sin depósito. Una promesa.

En cuanto a las expropiaciones, la reforma a la Ley 21.499 endurece las condiciones para que el Estado pueda actuar. La utilidad pública deberá interpretarse de forma restrictiva, identificar el objetivo específico y superar un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la indemnización deberá incluir el lucro cesante, actualmente excluido por ley, y el valor del bien se calculará en la fecha anterior a cualquier anuncio relacionado con la expropiación. El resultado práctico: expropiar se vuelve más caro y más difícil para el Estado, más conveniente para el propietario privado.

¿Es todo esto suficiente para salir a la calle? Para miles de rosarinos, sí.

La concentración principal en Plaza San Martín, bajo el lema «La Patria no se vende», arrancó reprogramada a las 13 por la lluvia, pero no se suspendió. Hubo radio abierta con la conducción de Sofía Alberti y Ariel Bulsico, un fulbito con camiseta de Argentina y la actuación del Ejército Popular de Payasxs. A las 18, la marcha partió desde Santa Fe y Dorrego hacia el Monumento a la Bandera, por Dorrego, San Lorenzo, Laprida y Córdoba. Desde las 19 y hasta las 22, Litoral Dub Sound System puso la música mientras en Buenos Aires el Senado debatía el proyecto.

El oficialismo libertario calculó que quitando la extranjerización se caía el argumento más fuerte de la oposición. Pero la gente que salió a la calle no estaba ahí solo por eso. Estaba ahí porque el proyecto, en lo que queda, sigue inclinando la cancha: más fácil desalojar, más difícil expropiar, menos restricciones para quien quema. Eso no cambió con ningún retoque de último momento.

La sesión siguió. La marcha también.