Causa CIAG en Rosario: damnificados se reúnen con fiscales por fondos

La causa por la estafa que afectó a 27 inversores de la financiera CIAG SRL tendrá una nueva etapa el 6 de octubre, cuando los damnificados se reúnan con Matías Merlo y Sebastián Narvaja en el Centro de Justicia Penal.

El encuentro, previsto desde las 9.30, se produce en una investigación iniciada a fines de 2022 y que reclama determinar el destino de fondos que los denunciantes estiman en alrededor de US$4 millones.

Los denunciantes aseguran haber confiado sus ahorros a la firma y no haber podido recuperarlos. Sostienen que existe documentación que permitiría reconstruir el recorrido del dinero y establecer si parte de esos fondos fue destinada a distintas inversiones.

Entre los elementos mencionados figuran resúmenes de cuentas, contratos, escrituras, registros de inversiones y correos electrónicos vinculados con operaciones financieras e inmobiliarias. Según las presentaciones, algunas de esas operaciones estarían relacionadas con bienes ubicados en Argentina y otros países.

La investigación también alcanzó a Rosental Inversiones por denuncias sobre la presunta canalización de fondos de CIAG a través de esa firma. En septiembre, el fiscal Federico Aranda citó a declarar a dos empleados jerárquicos: Santiago Freites, gerente del área de Real Estate, y Jorgelina Vallejos, en un cargo inmediatamente inferior.

Ambos fueron convocados en calidad de testigos y la citación no implica una imputación. Según trascendió, Freites confirmó que Juan Carlos Culhane, fundador de CIAG y fallecido en 2017, había sido cliente e inversor de Rosental y describió operaciones vinculadas con inversiones inmobiliarias.

Los damnificados apuntan también contra Paola Allegranza, viuda de Culhane, quien continuó vinculada a CIAG después del fallecimiento del fundador. Hasta el momento, según publicaciones recientes sobre la causa, Allegranza no fue imputada.

Entre los bienes vinculados por los denunciantes aparecen propiedades y emprendimientos en Argentina y el exterior. En Rosario, mencionan un loft en Puerto Norte Forum y cocheras en Ciudad Ribera; en Casilda, terrenos vinculados a un fideicomiso de los desarrolladores de Tierra de Sueños.

También señalan un restaurante de Piégari en el Hotel Esplendor de Asunción y una participación del 10% en habitaciones de un hotel Dazzler en Lima, ubicado en el distrito de Miraflores. Se trata de elementos mencionados por los denunciantes, cuya eventual relación con los fondos reclamados deberá ser determinada por la Justicia.

La causa tuvo cambios en su conducción. En las últimas semanas, el fiscal Federico Aranda dejó su cargo en el Ministerio Público de la Acusación. Según medios que siguen el expediente, el caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Delitos Complejos, con Sebastián Narvaja como responsable administrativo.

Los damnificados reclaman que la investigación avance y que se determine qué ocurrió con los fondos denunciados. En ese marco, el diputado Carlos Del Frade volvió a pedir información sobre el estado de la causa y planteó la necesidad de esclarecer las posibles maniobras financieras vinculadas con el expediente.

La reunión del 6 de octubre será una nueva instancia para que los inversores expongan sus reclamos ante los responsables de la investigación. El expediente vuelve a poner en el centro la necesidad de que la justicia determine el recorrido del dinero, sin que la impunidad se convierta en regla.