Pobreza infantil en Argentina: 5 de cada 10 menores son pobres o indigentes

La mitad de los niños y adolescentes de la Argentina vive en situación de pobreza o indigencia. Así lo revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), uno de los termómetros más rigurosos y sostenidos en el tiempo sobre las condiciones de vida de la población en el país.

El número es contundente: 5 de cada 10 menores de edad no logran cubrir sus necesidades básicas. Una cifra que, lejos de sorprender a quienes trabajan en el territorio, confirma lo que se vive a diario en los comedores, merenderos y organizaciones barriales de ciudades como Rosario.

Ricardo Camarasa, referente del Movimiento Solidario Rosario (MSR), lo dijo sin rodeos: "No es un dato que nos sorprenda, estamos viendo desde hace bastante tiempo la rotura del tejido social". La organización que encabeza asiste a más de 20 comedores en distintos puntos de la ciudad, y desde esas cocinas populares la crisis se mide en platos servidos, en familias que llegan por primera vez a pedir ayuda, en chicos que comen ahí porque en casa no hay.

El informe de la UCA no es un dato aislado. El Observatorio de la Deuda Social lleva décadas midiendo la pobreza en Argentina con metodología propia, y sus números históricamente superan los del INDEC porque incorporan dimensiones que van más allá del ingreso: acceso a la salud, educación, vivienda digna, saneamiento. Desde esa perspectiva multidimensional, la infancia es siempre el sector más golpeado: los niños no pueden trabajar, dependen de adultos que muchas veces tampoco llegan a fin de mes, y acumulan privaciones que dejan marcas que duran toda la vida.

En Rosario, la situación tiene particularidades propias. La ciudad concentra bolsones de pobreza estructural en sus distritos oeste y norte, donde la presencia del Estado históricamente fue débil y donde las organizaciones sociales como el MSR llevan décadas sosteniendo una red de contención que el mercado y las políticas públicas no alcanzan a cubrir. Los comedores no son una solución, son un parche sobre una herida que requiere políticas de fondo: trabajo, vivienda, salud y educación de calidad.

El contexto nacional tampoco ayuda. El ajuste fiscal implementado desde diciembre de 2023 por la administración de Javier Milei impactó de lleno en los programas sociales, la obra pública y las transferencias a provincias. Organismos internacionales como UNICEF y CEPAL vienen advirtiendo que los recortes en gasto social tienen consecuencias desproporcionadas sobre la infancia, el sector más vulnerable y el que menos herramientas tiene para defenderse de la caída del poder adquisitivo.

Para Camarasa y los referentes del Movimiento Solidario Rosario, el dato de la UCA es una confirmación dolorosa pero necesaria: "Cuando se rompe el tejido social, los primeros en caer son los chicos". Y agregan que la demanda en los comedores no bajó, sino que en muchos casos creció en los últimos meses, con familias de clase media empobrecida que antes nunca habían necesitado asistencia alimentaria.

La pregunta que queda flotando, más allá de los números, es cuánto tiempo más puede sostenerse esta situación sin consecuencias irreversibles para una generación entera de argentinos que está creciendo en la pobreza.