Seguridad vial en Rosario: 28 muertos en 2026 y la moto en el centro de la crisis

Veintiocho muertos en ocho meses. Ese es el número que pesa sobre la mesa cada vez que el Observatorio de Seguridad Vial se reúne en Rosario, y que volvió a marcar el tono de la última sesión donde funcionarios provinciales, municipales, concejales y representantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se sentaron a discutir qué está fallando y qué hay que hacer.

La preocupación central, según trascendió del encuentro, apunta a las motocicletas. No es una novedad para quien conoce la ciudad: Rosario tiene una de las tasas de motorización más altas del interior del país, con miles de motos circulando a diario en condiciones que combinan velocidad excesiva, falta de casco, alcoholemia y una infraestructura vial que no siempre acompaña. El resultado es una estadística que duele.

El Observatorio de Seguridad Vial es un espacio interinstitucional que funciona con datos cruzados entre el municipio, la provincia de Santa Fe y la academia. Su existencia es uno de los pocos ejemplos de coordinación genuina entre distintos niveles del Estado en esta materia, algo que no abunda. Que la UNR tenga un rol activo en el análisis de datos le da un piso técnico que otras ciudades no tienen.

Los números de 2026 no son aislados. La siniestralidad vial en Rosario viene siendo un problema estructural que ninguna gestión logró resolver del todo. En años anteriores, la ciudad registró picos que superaron las 60 muertes anuales, con períodos donde el promedio rondaba una víctima fatal cada cinco o seis días. Llegar a agosto con 28 muertos implica que el ritmo no cede: si se mantiene la tendencia, el año podría cerrar por encima de las 40 víctimas fatales.

La discusión sobre las motos tiene varias capas. Por un lado, el perfil del conductor: en su mayoría varones jóvenes, muchos de ellos trabajadores de plataformas de delivery que circulan bajo presión de tiempo y sin los controles que debería haber. Por otro, la cuestión del registro habilitante: una parte significativa de los motociclistas que protagonizan siniestros graves no cuenta con licencia vigente o directamente nunca la tramitó. Los controles existen, pero la escala del problema los supera.

Desde el municipio, la respuesta habitual pasa por campañas de concientización, operativos de tránsito y la promesa de más tecnología —cámaras, radares— que tarda en llegar o que llega pero no alcanza. Desde la provincia, el rol es más de coordinación normativa y financiamiento. La tensión entre ambas jurisdicciones sobre quién hace qué y quién pone los recursos es un clásico de la política santafesina que en seguridad vial se repite con puntualidad.

Lo que el Observatorio tiene a favor es que junta a todos en la misma sala. Que concejales, funcionarios del Palacio de los Leones y técnicos universitarios analicen los mismos datos es, al menos, el primer paso para que las soluciones no sean parches de campaña sino políticas con sustento real. El desafío es que ese diagnóstico compartido se traduzca en acciones concretas antes de que el contador de víctimas siga sumando.

Rosario no puede darse el lujo de naturalizar estas cifras. Veintiocho familias rotas en ocho meses son veintiocho tragedias que el Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de evitar.

Con información de: La Capital