Senado debate eliminar restricciones a compra de campos por extranjeros en Argentina

El Senado de la Nación tiene previsto sesionar este jueves al mediodía para votar uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Javier Milei en materia de derechos reales: la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Entre sus puntos más polémicos figura la eliminación de las restricciones vigentes para que extranjeros adquieran tierras rurales en territorio argentino.

La iniciativa llega al recinto después de dos postergaciones consecutivas. Primero se cayó el 3 de junio por diferencias internas sobre los topes a la compra de tierras; luego, el 25 de junio, la sesión no llegó a realizarse por falta de quórum. Ahora, la bancada de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich en la Cámara alta, apunta a cerrarlo junto con la aprobación de una treintena de pliegos judiciales.

El proyecto deroga los límites cuantitativos que hoy impone la Ley de Tierras sancionada en 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que restringía al 15% del territorio nacional la superficie que podía estar en manos extranjeras. En su reemplazo, el nuevo esquema delega en las provincias la potestad de autorizar o rechazar cada operación de venta a no residentes, respetando la jurisdicción constitucional de cada distrito.

Sin embargo, el texto establece una distinción clave para las zonas de frontera: allí, cualquier compra por parte de un extranjero requerirá el doble aval del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se prohíbe expresamente la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal foránea, salvo autorización expresa de ambas instancias. Un detalle relevante: si transcurren 180 días sin objeción de ninguna de las dos jurisdicciones, operará el silencio administrativo y el comprador quedará reconocido como propietario de pleno derecho.

El proyecto sufrió modificaciones sustanciales respecto de su versión original. El capítulo referido a la ley de barrios populares fue directamente derogado del texto luego de que el Gobierno advirtiera que su redacción inicial podía desencadenar una ola de desalojos masivos. La Iglesia Católica también expresó críticas públicas al proyecto en su conjunto, lo que generó presión adicional sobre los legisladores dialoguistas.

Más allá de la cuestión de las tierras, la norma introduce cambios profundos en el régimen de desalojos y locaciones. Se crea un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o en tenencia precaria: el juez podrá intimar la devolución del bien en un plazo de 72 horas si el propietario acredita su titularidad con documentación y presta caución juratoria. Para inquilinos morosos, el procedimiento prevé una notificación fehaciente —por carta documento o correo electrónico— con un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda; si el incumplimiento persiste, el desalojo puede ejecutarse en 10 días hábiles.

El texto también regula situaciones de vulnerabilidad: cuando haya menores o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo máximo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria antes de concretar el desalojo.

Desde una perspectiva pro-mercado, la eliminación de los topes a la compra de tierras apunta a atraer inversión extranjera directa al sector agropecuario, históricamente trabado por una regulación que muchos economistas consideraban un desincentivo sin correlato en la seguridad nacional real. La Argentina posee una de las reservas de tierra cultivable más extensas del mundo, y la restricción vigente era vista como una anomalía frente a países comparables de la región. El desafío político, sin embargo, sigue siendo conseguir los votos necesarios para que la sesión no vuelva a caerse.