Ley de tierras para extranjeros en Argentina: el Senado postergó el debate hasta agosto

El Senado nacional no pudo —o no quiso— dar la pelea este jueves. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas más polémicas del gobierno de Javier Milei, quedó en suspenso: a pedido del propio oficialismo, la sesión pasó a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La votación para postergar fue aplastante: 62 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, a propuesta de la senadora Patricia Bullrich.

La señal es clara. El Gobierno llegó al recinto sin los números. El proyecto, redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acumuló modificaciones durante su tratamiento parlamentario y aun así no logró convencer a los votos necesarios para garantizar una aprobación sin sobresaltos. Tres semanas más de negociaciones, entonces.

¿De qué se trata lo que está en juego? El corazón del proyecto es la eliminación de los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa norma, conocida como la Ley de Tierras, impide que personas y empresas extranjeras superen el 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio, y fija un techo de hectáreas por comprador en la denominada zona núcleo, la región pampeana más productiva del país.

Si el proyecto de Milei se aprueba tal como está, esas restricciones desaparecen para los privados extranjeros. Solo quedarían bajo control especial los Estados extranjeros y empresas con participación estatal, que necesitarían autorización del Ejecutivo nacional y de las provincias para operar. Todo lo demás: libre mercado, sin techo.

Pero el proyecto no se agota en las tierras. Tiene otras aristas que generan tanto o más ruido. En materia de desalojos, habilita la restitución inmediata de propiedades sin esperar sentencia definitiva, con una evaluación preliminar del juez. En los casos donde habiten niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional, el plazo para concretar el desalojo sería de apenas diez días. Un detalle que no pasó inadvertido para las organizaciones sociales y de derechos humanos.

Otro capítulo que levantó temperatura: la eliminación de la prohibición de modificar el destino de terrenos afectados por incendios durante 30 años. Esa restricción fue incorporada precisamente para desalentar que los incendios sean usados con fines inmobiliarios —una práctica que en el norte del país y en zonas de Córdoba y Santa Fe tiene antecedentes documentados. Si se cae esa barrera, la pregunta que muchos se hacen es obvia: ¿quién controla que el fuego no vuelva a ser un negocio?

En materia de expropiaciones, la iniciativa restringe el concepto de utilidad pública, incorpora el pago del lucro cesante dentro de las indemnizaciones y limita las ocupaciones temporarias del Estado a un máximo de 90 días.

La jornada en el Senado no fue solo sobre tierras. Por unanimidad se sancionó el proyecto que declara Capital Simbólica de la República Argentina a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y tomaron estado parlamentario una treintena de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, entre los que se destacan los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Ese tribunal revisa fallos de primera instancia y podría definir el futuro de causas sensibles para la administración libertaria, como ANDIS o $LIBRA, esta última con el propio presidente Milei y su hermana como involucrados directos.

El 6 de agosto se sabrá si el oficialismo logró los votos o si la tierra argentina sigue siendo, por ahora, de los argentinos.