Reforma penal en Santa Fe: critican inconstitucionalidad y allanamiento sin juez

El proyecto de ley Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, impulsado por el gobierno de Unidos, volvió a ser blanco de críticas durante su tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Fe. La iniciativa, presentada por la gestión de Maximiliano Pullaro, fue cuestionada por entidades civiles y organizaciones sociales que advirtieron sobre un retroceso en materia penal y garantías individuales.

El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos emitió un comunicado durante el debate y calificó la propuesta como incompatible con los marcos garantistas de la Constitución Nacional y de la carta magna santafesina. La entidad sostuvo que la norma contiene medidas que, en su conjunto, debilitarían el sistema de derechos y ampliarían el poder estatal sin los controles suficientes.

Las objeciones se conocieron en una audiencia y plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. En esa instancia, distintos colegios profesionales, instituciones públicas y organizaciones sociales coincidieron en señalar la inconstitucionalidad del proyecto. También se sumó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que cuestionó el alcance de las facultades policiales previstas.

Entre los puntos más polémicos, el documento advierte sobre reformas al Código Procesal Penal que habilitarían interrogatorios policiales sin defensa técnica, allanamientos sin orden judicial previa y la extensión a 48 horas de la detención por averiguación de antecedentes. Además, cuestiona la posible validez probatoria de procedimientos ilegales y la ampliación de tareas de inteligencia policial sin fiscalización adecuada.

El pronunciamiento hace especial foco en la eventual creación de las Zonas de Intervención Policial Especial. Según la organización, esa figura permitiría limitar la circulación en la vía pública, establecer controles de acceso y disponer restricciones horarias. El esquema fue comparado con la declaración de un estado de sitio, pero prescindiendo de los resguardos institucionales que la Constitución exige para ese tipo de medidas.

La agrupación también subrayó que la iniciativa colisiona con el texto constitucional reformado recientemente en la provincia. “Lo sorprendente y paradójico es que todas estas antidemocráticas propuestas violentan la mismísima Constitución Provincial sancionada durante su mandato”, señalaron. El texto llamó a los legisladores a no aprobar un esquema que asocia con prácticas de etapas autoritarias de la historia argentina.

El debate se da en un contexto de tensión entre la necesidad de fortalecer la seguridad y la preservación de las garantías individuales. La gestión de Maximiliano Pullaro busca ampliar las herramientas contra el delito, mientras que las organizaciones civiles alertan sobre el riesgo de que el Estado actúe sin los controles judiciales y parlamentarios que corresponden.

La discusión continúa en el ámbito parlamentario, en medio del debate sobre el balance entre las herramientas de la gestión de Maximiliano Pullaro contra el delito y el resguardo de las garantías individuales. El proyecto sigue siendo analizado por las comisiones, mientras las entidades civiles insisten con sus objeciones técnicas y constitucionales.