1 de cada 3 inquilinos en emergencia habitacional: el drama sin ley de alquileres

Casi uno de cada tres hogares inquilinos en la Argentina atraviesa una situación de emergencia habitacional: deudas acumuladas, mudanzas forzadas y alquileres que se actualizan cada tres o cuatro meses mientras los salarios no acompañan. Así lo revela la encuesta trimestral de Inquilinos Agrupados, realizada sobre casos de 16 provincias con datos de junio de 2026.

El número más alarmante del relevamiento es el de endeudamiento: el 72,9% de los hogares inquilinos admitió tener deudas activas, lo que marca un máximo histórico. De ese universo, el 38% está atrasado en sus pagos y, entre los morosos, el 55% se endeudó para comprar comida. No es un dato menor: revela que la crisis habitacional ya no es solo una cuestión de vivienda, sino de subsistencia básica.

Las deudas se contraen principalmente para pagar tarjetas de crédito (66%), alimentos (55%) y cubrir el propio alquiler (37%). Una bola de nieve de gastos recurrentes que se retroalimenta y es difícil de detener. La relación entre carga del alquiler y mora es directa: entre quienes destinan más del 70% de su ingreso al alquiler, el atraso en pagos trepa al 73%.

La presión sobre los ingresos es brutal. El 48,5% de los hogares destina la mitad o más de su salario exclusivamente al alquiler, y la mediana nacional del costo de alquilar se ubica en $656.500 pesos mensuales, lo que implica que las familias comprometen en promedio el 40% de sus ingresos solo para mantener un techo. Para las familias numerosas, la ecuación es aún más regresiva: a mayor cantidad de integrantes, el alquiler sube sin que los ingresos acompañen.

El mercado laboral tampoco ofrece alivio. El 68% de los inquilinos tiene empleo registrado, pero el trabajo formal no alcanza para cubrir los costos de la vivienda. Por eso, el 47% recurre al pluriempleo, el 32,9% sumó un trabajo adicional en el último año y el 15% perdió un empleo en ese mismo período. La informalidad y la precariedad laboral son el trasfondo estructural de esta crisis.

En seis meses, la mediana del alquiler aumentó un 12%. En ese mismo período, las mudanzas forzosas —es decir, los casos en que los inquilinos debieron irse por no poder afrontar las actualizaciones— pasaron del 13% al 20%. Uno de cada cinco inquilinos tuvo que mudarse contra su voluntad. La presión es más acentuada en las provincias del interior que en la Ciudad de Buenos Aires.

El esquema de actualización predominante ya no es el semestral o anual que regía bajo la vieja ley: el 78% de los contratos se actualiza cada tres o cuatro meses, y el 65% lo hace en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que históricamente supera la evolución salarial promedio. Un 5,8% de los inquilinos ni siquiera cuenta con contrato escrito, lo que los deja en una situación de total desprotección legal.

El cuadro de situación crítica —definido por la acumulación de sobrecarga financiera, deudas, mora y mudanzas— alcanza al 29,7% de los hogares inquilinos del país. Desde la derogación de la ley de alquileres, impulsada por el gobierno de Javier Milei como parte de su agenda desreguladora, el debate sobre si el Estado debe intervenir en este mercado o dejar que la oferta y la demanda encuentren su equilibrio se reavivó con fuerza. Los datos del relevamiento muestran que, al menos en el corto plazo, la transición hacia un mercado sin regulación generó mayor incertidumbre para los sectores de menores ingresos, que son mayoría entre quienes alquilan.

El interrogante que queda abierto es si el mercado, con mayor tiempo y más oferta de inmuebles, logrará corregir estos desequilibrios por sí solo —como argumentan quienes defienden la desregulación— o si la ausencia de reglas mínimas consolida una asimetría estructural entre propietarios e inquilinos que el mercado por sí solo no puede resolver.