Sturzenegger defendió la caída del empleo formal y rechazó ayuda estatal a endeudados

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender el rumbo económico del gobierno en una columna publicada en La Nación, donde reconoció la caída del empleo asalariado formal pero la encuadró como una transformación estructural del mercado laboral, y cerró la puerta a cualquier tipo de auxilio estatal para las familias endeudadas.

El funcionario admitió sin rodeos que «respecto a que caen los asalariados formales aun cuando se hayan sumado 500.000 empleos, es cierto», pero se apresuró a ofrecer una explicación: la ampliación del monotributo aprobada en la Ley Bases habría facilitado que trabajadores migraran hacia esa modalidad, considerada más flexible y con menor carga tributaria. Para Sturzenegger, no se trata de un fenómeno nuevo sino de una tendencia que «viene desde el 2012», cuando el mercado comenzó a buscar formas de escapar de la rigidez del empleo registrado tradicional.

Los números que presentó el ministro muestran un mercado laboral con tres velocidades bien distintas. En los últimos tres años, según su análisis, se sumaron 190.000 asalariados no registrados y 491.000 puestos no asalariados, traccionados principalmente por monotributistas. Sobre los ingresos, el cuadro es heterogéneo: los trabajadores informales muestran un aumento real de 64% por encima del promedio de 2023, los monotributistas avanzan apenas un 4%, y los asalariados formales registran movimientos «más laterales», con variaciones de entre 8% y 13% según la fuente consultada —SIPA o INDEC Salarios— sin replicar la recuperación de los otros segmentos.

La defensa del monotributo como sustituto del empleo formal tiene sus límites, claro. Que los ingresos de los monotributistas «no sean muy diferentes» a los de los asalariados, como afirma Sturzenegger, no dice nada sobre la cobertura de salud, los aportes jubilatorios, las indemnizaciones ni la estabilidad laboral. Son exactamente esos derechos los que se diluyen en la migración hacia modalidades más «flexibles». Pero eso, en la lógica desreguladora del ministro, es precisamente el objetivo.

El otro frente que abrió Sturzenegger en su columna fue el del endeudamiento de los hogares. Ante las advertencias opositoras sobre el creciente peso de las deudas familiares, el ministro fue categórico: el Estado no va a intervenir. «Si ahora no les pagan, el problema principal es de ellos», dijo en referencia a los bancos y tarjetas no bancarias, a quienes calificó como «gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó».

Para justificar la inacción oficial, Sturzenegger apeló a los datos de profundidad financiera: el financiamiento bancario al sector privado representa apenas el 12% del PBI en Argentina, contra más del 70% en Chile y Brasil. En ese contexto, sostuvo que la cartera irregular total no alcanza el 1% del producto, lo que relativiza el riesgo sistémico. El argumento de fondo es la previsibilidad regulatoria: «casi 4 millones de personas accedieron por primera vez al crédito» en los últimos dos años, y modificar las reglas ahora pondría en riesgo ese proceso de bancarización.

«Es lo que hicimos siempre, y así nos fue», remató el ministro, en una frase que resume la filosofía del gobierno: la intervención estatal recurrente es la causa del problema, no la solución. La lógica es impecable desde el punto de vista liberal: si el Estado sale a rescatar a quienes tomaron crédito a tasas que conocían, destruye el incentivo para prestar en el futuro y condena a millones de argentinos que todavía no accedieron al sistema financiero.

Lo que Sturzenegger no dice —y la oposición tampoco termina de articular con claridad— es que la expansión del crédito en un contexto de salarios reales que apenas se recuperan crea una combinación volátil. Pero esa es una discusión que el ministro prefiere no tener. Y por ahora, con los números del déficit fiscal en orden y la inflación en descenso, tiene margen para evitarla.