Patente con cinta y balaceras en Alvear: un joven de 24 años va a juicio

Un detalle tan simple como una cinta adhesiva mal pegada puede cambiar el destino de una persona. Eso es exactamente lo que le ocurrió a un joven de 24 años que hoy enfrenta un juicio por los ataques a balazos contra la vivienda y la farmacia del presidente comunal de Alvear, perpetrados en diciembre de 2023. El fiscal pide 10 años de prisión.

Aquella noche, dos motocicletas fueron utilizadas para ejecutar el doble atentado. Quienes las conducían habían tomado una precaución básica: cubrir las patentes con cinta para evitar ser identificados. Sin embargo, durante la fuga, a una de las motos —de color rojo— se le desprendió parte de esa cinta, dejando visible una porción del dominio. Ese pequeño descuido fue suficiente para que los investigadores pudieran rastrear el vehículo hasta su propietario.

El rastro llevó directamente a la vivienda del joven acusado, quien no registra antecedentes penales. La causa lo sindica como uno de los autores materiales del atentado y lo imputa por el delito de intimidación pública, una figura que en el Código Penal argentino contempla penas elevadas cuando el hecho se realiza con armas de fuego y tiene por objetivo amedrentar a funcionarios o referentes comunitarios.

El ataque tuvo lugar en General Alvear, una localidad del sur de la provincia de Santa Fe, a unos 250 kilómetros al sur de Rosario. El blanco fue el domicilio particular y el local comercial —una farmacia— del presidente de la comuna local, lo que le otorgó al hecho una dimensión política y social de gravedad. Atacar a un funcionario electo en su propia casa y en su lugar de trabajo constituye una señal de amenaza que trasciende lo individual y apunta a desestabilizar la vida institucional de la comunidad.

La investigación, que llevó más de dos años hasta llegar a la instancia de juicio oral, reconstruyó el operativo a partir de ese fragmento de patente visible. Los peritos pudieron cruzar el dato parcial con registros vehiculares hasta dar con la moto y, a través de ella, con el imputado. Es un ejemplo de cómo la criminalística, incluso con elementos mínimos, puede sostener una acusación formal.

El caso pone en evidencia una modalidad que se repite en los ataques armados de la región: el uso de motocicletas con patentes adulteradas o cubiertas como método para dificultar la identificación de los autores. Esta práctica, frecuente en los hechos de violencia vinculados al crimen organizado en el Gran Rosario y localidades del interior santafesino, suele ser el primer obstáculo que enfrentan los investigadores.

El joven, que llega al debate oral sin condenas previas, deberá responder ante el tribunal por su presunta participación en un hecho que la fiscalía califica como de alta gravedad institucional. La pena solicitada —una década de prisión— refleja la severidad con que el Ministerio Público evalúa los ataques contra representantes del Estado, incluso en el nivel comunal.

El juicio, que acaba de comenzar, será seguido de cerca por las comunidades del sur santafesino, donde la violencia armada y la intimidación a funcionarios generan una preocupación creciente entre los vecinos y las autoridades locales.