Sexo en la Hilux, patrullero roto y el nombre del padre: el escándalo en Rosario

Lo que pasó el domingo a la mañana en Laprida y Garibaldi tiene todos los ingredientes para no olvidarse fácil: sexo en la vía pública, una camioneta Hilux, un patrullero destrozado a patadas y el nombre de un ex juez usado como escudo. Una secuencia que arrancó con un llamado de un transeúnte y terminó con causa penal abierta.

Según consta en el acta policial, agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar después de que un vecino alertara que dos personas mantenían relaciones sexuales dentro de una camioneta estacionada en plena calle. Cuando los uniformados se acercaron al vehículo, los ocupantes se negaron a identificarse. Hasta ahí, una situación incómoda pero manejable. Lo que vino después fue otra cosa.

El hombre, Lucio F., de 34 años, no solo se resistió: les advirtió a los agentes que podía hacerlos echar de la fuerza porque su padre había sido juez y, según él mismo dijo, había sido el magistrado que condenó a la banda narco Los Monos. La amenaza, lejos de frenar el operativo, lo aceleró. Fue esposado y subido a un patrullero.

¿Cuánto vale el apellido de un ex juez cuando uno está esposado adentro de un móvil policial? Aparentemente, poco. Lucio se negó a realizarse el test de alcoholemia y narcolemia, por lo que su Hilux fue remolcada al corralón municipal por personal de Tránsito. La situación no hizo más que escalar.

Antes de llegar a la comisaría 15ª, el hombre comenzó a dar patadas dentro del patrullero con tanta fuerza que rompió el cristal trasero de la puerta izquierda. Los fragmentos impactaron en la cara de una suboficial, que sufrió escoriaciones. Un policía lastimado en el cumplimiento de su deber, por alguien que minutos antes invocaba el apellido familiar como salvoconducto.

Su acompañante, Camila B., de 30 años e identificada como cabo primero de Prefectura Naval Argentina, también fue aprehendida. Fuentes policiales indicaron que intentó entorpecer el operativo durante la detención. Su situación institucional no es menor: una integrante de una fuerza de seguridad federal involucrada en este episodio es un dato que difícilmente pase sin consecuencias internas.

El fiscal Guillermo Apanowicz, que intervino en primera instancia, ordenó la libertad de Camila sin formación de causa penal. Para Lucio, en cambio, la salida fue con causa abierta por los delitos de daños y lesiones. El legajo quedó en manos de la fiscal Silvana Valero, titular de la Unidad de Salidas Alternativas, quien definirá los próximos pasos: desde una mediación hasta una eventual condena, el abanico es amplio pero la causa ya existe.

El episodio deja varias preguntas abiertas. La primera, obvia: qué consecuencias enfrenta Camila B. en el ámbito de Prefectura, donde la conducta de sus integrantes está sujeta a un régimen disciplinario propio. La segunda, más incómoda: si el apellido del padre hubiera tenido el peso que Lucio creía, ¿alguien habría mirado para otro lado? En Rosario, esa pregunta nunca es retórica.