Trabajo sexual y femicidios en Rosario: sin derechos, la vulnerabilidad es total

En Rosario, los femicidios de Débora Bordón y Bárbara Aragón volvieron a poner en el centro la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales.

A esos crímenes se suman 18 crímenes de género registrados este año y un episodio reciente en Lima y 3 de Febrero, donde una trabajadora llamó al 911 tras una agresión.

Myriam Auyeros, referenta histórica de Ammar en Rosario, denunció la inacción de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, y exigió el reconocimiento de derechos laborales para evitar nuevas muertes.

En el caso de Bárbara Aragón, la familia y el entorno tuvieron que encabezar la búsqueda. La madre se presentó en la Fiscalía acompañada por compañeras y no la atendieron; recién días después la recibieron para declarar.

La reconstrucción hecha por las compañeras a través de redes sociales fue determinante: un remisero reconoció la foto de Bárbara e indicó la dirección a la que la había trasladado. Cuando la familia ingresó al lugar, el desenlace ya era trágico.

Las primeras informaciones apuntan a un ex policía de Reconquista, exonerado por causas vinculadas con el narcotráfico y con condena previa, como principal sospechoso. Auyeros sostuvo que la inoperancia policial y la demora en tomar denuncias son constantes.

A diferencia del trabajo en la vía pública, Débora y Bárbara se desempeñaban en departamentos privados y servicios a domicilio, contactadas a través de plataformas digitales. No estaban organizadas en el sindicato, una realidad que refleja la dispersión y el aislamiento al que la crisis económica empuja a muchas jóvenes en la ciudad.

“Nuestra actividad no está reconocida y eso hace que quedemos tapadas, sin apoyo de nadie. La clandestinidad es lo que nos mata”, afirma Auyeros, quien a sus 63 años combina la militancia con un puesto en una feria popular.

La referenta describe que hoy la mayoría de las chicas son jefas de familia con tres a cinco hijos a cargo. La falta de trabajo y el aumento de los alquileres las obliga a hacer domicilios, expuestas a cualquier situación, porque los clientes en los hoteles ya no consumen o pagan miseria. En la desesperación por llenar la olla, se aceptan riesgos enormes.

Auyeros remarca que la brecha social se profundizó con el desmantelamiento de herramientas públicas de asistencia: secretarías, subsidios de emergencia para alquileres y áreas de atención a la violencia. Las compañeras más pobres terminan en situación de calle o en comedores comunitarios. Cuando decimos que somos trabajadoras sexuales se nos cierran todas las puertas.

Aunque la legislación vigente prohíbe que la policía detenga a personas por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual, la presencia de uniformados en el territorio mantiene una lógica de hostigamiento sistemático. Siguen dando vueltas, pidiendo documentos veinte veces a las chicas de la zona de la Terminal o cruzando el patrullero para ahuyentar la actividad. Pero cuando hay una emergencia o una compañera desaparece, no están.

Con información de: El Ciudadano, El Ciudadano.