Rosario: dictan prisión preventiva al padre de Sofía Delgado por desobediencia judicial

Un juez dispuso la prisión preventiva por sesenta días del padre de Sofía Delgado, el hombre de 51 años acusado de haber abusado sexualmente de la joven y de su hermana menor durante años, en el marco de una nueva causa por desobediencia de una orden judicial. La medida llega días después de una polémica liberación que generó indignación en Rosario y en todo el país.

El caso tiene una historia que duele en capas. Sofía Delgado fue víctima de femicidio, y antes de esa tragedia había sufrido en silencio los abusos sistemáticos de su propio padre dentro del hogar familiar. Su hermana menor también fue víctima de las mismas conductas. Por esos hechos, el hombre enfrenta un pedido de condena a 16 años de prisión en la causa principal, que aún no tiene sentencia firme.

Lo que desencadenó la nueva medida judicial fue un error o dilación en el trámite procesal: se omitió prorrogar el arresto del acusado en la causa por los abusos, lo que derivó en su liberación. La situación generó una reacción inmediata tanto de organismos de derechos humanos como de sectores políticos y sociales que exigen que casos de esta gravedad no queden librados a fallas burocráticas.

Ante ese escenario, la Justicia actuó por una vía alternativa: imputó al hombre por desobediencia a una orden judicial, delito que permitió dictar la nueva prisión preventiva. Si bien la medida garantiza por ahora que el acusado permanezca detenido, la situación deja expuesta una fragilidad del sistema que no puede ignorarse cuando están en juego causas de abuso sexual y femicidio.

El caso de Sofía Delgado conmocionó a Rosario hace años y sigue siendo una herida abierta para quienes luchan contra la violencia de género. La joven fue víctima de femicidio, y la revelación posterior de los abusos que había sufrido en su propia infancia agregó una dimensión de horror que la comunidad no terminó de procesar. Su historia se convirtió en símbolo de la violencia que se ejerce puertas adentro, lejos de la mirada pública.

Organizaciones feministas y de acompañamiento a víctimas de violencia de género en la ciudad señalaron que la liberación —aunque breve— del acusado fue un golpe para la familia y para todas las personas que siguen el caso de cerca. "Que un hombre acusado de estos delitos quede libre por un error administrativo es inaceptable", expresaron desde distintos espacios, reclamando mayor rigurosidad en el seguimiento de los plazos procesales en causas de esta naturaleza.

La prisión preventiva por desobediencia tiene una duración de sesenta días, lo que implica que la situación deberá resolverse antes de que ese plazo venza. La causa principal por los abusos sexuales continúa su curso, con el pedido fiscal de 16 años de prisión aún pendiente de resolución definitiva.

El episodio reaviva el debate sobre la necesidad de contar con mecanismos de control más estrictos en causas que involucran violencia de género y abuso sexual, especialmente cuando las víctimas ya no pueden hablar por sí mismas.