Fraude millonario al PAMI en Rosario: imputaron a un cardiólogo y un enfermero por $700 millones en prácticas truchas

Lo que armaron M.G.A. y M.A.P. no fue un error contable ni una distracción administrativa. Fue una maquinaria. Un sistema prolijo, sostenido durante más de un año, diseñado para robarle a los jubilados argentinos usando sus propios nombres.

La Unidad Fiscal Rosario, a través de los fiscales federales María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, formalizó la imputación contra un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería acusados de defraudar al INSSJP-PAMI mediante la facturación de prestaciones médicas que jamás se realizaron. El monto total de la maniobra supera los $700 millones.

El esquema era simple en su lógica y brutal en su escala. A través del sistema CUP del PAMI, el cardiólogo registró que entre octubre de 2023 y octubre de 2024 había realizado nada menos que 36.085 prácticas médicas —ecocardiogramas, ergometrías, estudios Holter— a nombre de 4.982 afiliados de todo el país. Por esas prestaciones, la obra social le transfirió $579.943.598,88. Luego, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, intentó repetir la jugada con otras 14.546 prácticas supuestamente realizadas a 2.275 afiliados, por las que debería haber cobrado otros $147.974.775,68. Esta vez, el PAMI detectó irregularidades y no pagó.

¿Cómo se descubrió? Por varias vías al mismo tiempo. Los propios afiliados, consultados por los investigadores, negaron haber sido atendidos por el médico. El cruce con las bases de datos migratorias reveló algo todavía más contundente: el cardiólogo no estaba en el país en los momentos en que supuestamente realizaba esos estudios. Y matemáticamente, la cantidad de prácticas facturadas era imposible de realizar en los tiempos declarados. Para completar el cuadro, los acusados habían usado los datos personales de afiliados de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires sin su conocimiento.

La investigación fue impulsada desde abril pasado por la UFI-PAMI, la unidad especializada que encabeza el fiscal federal Santiago Marquevich desde Buenos Aires, con colaboración del área de Criminalidad Económica, Trata y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal local, a cargo de la fiscal Soledad García. En la audiencia de formalización celebrada el 26 de agosto, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros confirmó un plazo de investigación de seis meses —hasta el 25 de febrero de 2027— y dispuso como medidas de coerción el sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país. Quedan pendientes peritajes sobre dispositivos móviles y computadoras incautadas.

Los cargos son graves: defraudación en perjuicio de la Administración Pública —consumada y en grado de tentativa— y lavado de activos. Este último cargo tiene que ver con un episodio que la fiscalía expuso en la audiencia: en junio de 2024, en plena maniobra, los acusados compraron una vivienda. Lo hicieron a través de una sociedad sin actividad comercial real que ellos mismos habían constituido, presentando documentación apócrifa ante la escribana interviniente. Una pantalla clásica para blanquear plata sucia.

Pero hay un capítulo anterior que hace este caso todavía más oscuro. Estas mismas dos personas ya habían sido detenidas en junio pasado por la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, tras allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright. Los cargos en ese expediente: ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina. Esa investigación, de hecho, nació como un desprendimiento de la pesquisa por el fraude al PAMI. Es decir: mientras le robaban a los jubilados con recetas truchas, también estaban en el negocio de los opioides.

El PAMI es la obra social más grande de América Latina, con más de cinco millones de afiliados. Cada peso que se le roba es un peso que no llega a un jubilado que necesita un medicamento, un turno, una internación. Que alguien haya construido una operación de esta magnitud —con sociedad pantalla, documentación falsa y datos robados de miles de afiliados— no es un delito menor. Es una decisión sostenida, planificada y ejecutada durante meses. La Justicia tiene ahora seis meses para terminar de armar el rompecabezas.