Baja de imputabilidad en Santa Fe: el juez de menores que advierte que nadie sabe cómo aplicarla

La ley ya está. Las firmas están. El calendario también. Pero en Santa Fe, según uno de los jueces que tendrá que aplicarla, nadie sabe bien cómo hacerlo.

Alejandro Cardinale, juez de Menores en Rosario desde 2018, tiene casi 50 años y conoce el sistema juvenil desde adentro. Y lo que dice no es menor: a días de que entre en vigencia la ley 27.801 que regula el nuevo Régimen Penal Juvenil —la norma que baja la edad de imputabilidad en el país—, el magistrado advirtió que en la provincia todavía no existe información oficial suficiente sobre cómo se va a implementar concretamente.

"Todo está dispuesto, pero no está clara la implementación", dijo Cardinale con una frase que resume el problema. Sencilla, directa y, viniendo de un juez que deberá aplicar la norma, bastante preocupante.

No es la primera vez que Cardinale levanta la voz sobre este tema. En su momento ya había expresado cierta desconfianza hacia la ley 27.801, cuestionando aspectos de su diseño y su viabilidad práctica. Ahora, cuando el reloj corre y la norma está a punto de activarse, el planteo es más concreto: ¿con qué protocolo, con qué recursos, con qué estructura va a funcionar esto en Santa Fe?

La pregunta no es retórica. El nuevo régimen implica que adolescentes de 13 años podrán ser imputados penalmente bajo ciertas condiciones, lo que exige juzgados preparados, defensores especializados, centros de detención diferenciados y criterios claros de actuación. Si eso no está definido antes de que la ley entre en vigor, los primeros casos que lleguen a los tribunales van a encontrar un sistema improvisando sobre la marcha.

Y en Rosario, donde la violencia juvenil es uno de los temas más sensibles de la agenda pública desde hace años, esa improvisación tiene un costo altísimo. La ciudad acumula casos resonantes donde menores de edad aparecen involucrados en hechos graves, y la discusión sobre qué hacer con ellos lleva décadas sin resolverse del todo. La nueva ley era, para muchos, la respuesta legislativa a esa demanda. Pero si no hay directivas claras, el cambio puede convertirse en letra muerta o, peor, en caos judicial.

Lo que plantea Cardinale no es oposición ideológica a la norma —aunque sus reservas previas están documentadas—, sino algo más básico y urgente: información operativa. Saber qué hace cada actor del sistema cuando llega el primer caso. Quién interviene, en qué plazo, con qué recursos, bajo qué criterios. Eso, según el juez, todavía no está.

Desde el gobierno provincial no hubo respuesta pública a las declaraciones del magistrado al cierre de esta nota. El silencio, en este contexto, dice bastante.

La ley 27.801 va a regir. La pregunta es si Santa Fe va a estar lista para aplicarla o si los primeros meses van a ser un laboratorio de errores con adolescentes en el medio.