Policía detenido en Echesortu: su novia, también agente, lo denunció por violencia de género

Lo que pasó este miércoles en Echesortu no es un caso más de violencia de género: es el que ocurre puertas adentro de la propia fuerza de seguridad, donde la víctima tuvo que pedir ayuda a sus propios compañeros para frenar a su agresor.

Pasadas las 8 de la mañana, una agente de la Brigada de Orden Urbano pidió asistencia de urgencia porque su novio, miembro de la misma fuerza, había ingresado al edificio donde ella vive e intentaba entrar de forma violenta a su departamento. El hombre identificado como Ramón Oscar A., de 28 años, no llegó a consumar el ingreso forzado: la Brigada Motorizada llegó en cuestión de minutos y lo demoró en el lugar.

Lo que encontraron los efectivos que lo arrestaron dice mucho sobre la gravedad de la situación. A Ramón A. le secuestraron su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, junto con dos cargadores con 34 cartuchos en total, y su chaleco balístico. Un policía armado hasta los dientes intentando entrar a la fuerza al departamento de su pareja. El dato no es menor y no debería pasar inadvertido.

¿Cuántas veces se repite esta escena sin que nadie llame al número de emergencias porque la víctima sabe que del otro lado puede atender alguien que conoce al agresor? En este caso, la mujer tuvo el coraje de hacer la denuncia y pedir ayuda, aun sabiendo que estaba exponiendo a un colega. Eso, en el contexto de una fuerza de seguridad con sus propias lealtades internas, no es poca cosa.

Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, se dio aviso a la División Judiciales de la Unidad Regional II, que quedó a cargo de las actuaciones. El caso seguirá su curso judicial, aunque la situación laboral del efectivo dentro de la fuerza todavía no fue informada oficialmente.

La violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad es un problema documentado en toda la Argentina. El hecho de que el agresor tenga acceso a armas reglamentarias y entrenamiento en su uso convierte cada caso en una situación de riesgo extremo para la víctima. Que esta vez la respuesta haya sido rápida y efectiva es un alivio, pero no alcanza como política. La pregunta que queda flotando es cuántos casos similares no llegan a la denuncia porque el miedo es más grande que el sistema de protección disponible.