Universidades de Rosario y el país llevan el conflicto por financiamiento a la Justicia

El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional escaló un nuevo peldaño esta semana. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todas las casas de altos estudios públicas del país, presentó un escrito ante la Justicia para que se habilite la feria judicial y el expediente por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario no quede paralizado durante el receso de verano.

El planteo fue radicado ante el juzgado contencioso administrativo federal de turno y fue impulsado por el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, quien actúa en representación del CIN. La movida busca que el juez Martín Cormick avance hacia una sentencia definitiva, luego de meses de idas y vueltas que, según las universidades, responden a una estrategia deliberada del Ejecutivo para dilatar los tiempos.

"Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026", denunció Bartolacci en la presentación judicial. El rector fue más lejos y acusó al Ejecutivo de haber desplegado "muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo".

El trasfondo del reclamo es concreto y tiene nombre propio: salarios docentes y no docentes que no se actualizaron y becas estudiantiles que tampoco se incrementaron, tal como ordena la ley. A fines de junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, precisamente los que regulan esas recomposiciones. Sin embargo, el CIN sostiene que los aumentos siguen sin efectivizarse.

Para los trabajadores universitarios —docentes que en muchos casos cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y no docentes que sostienen el funcionamiento cotidiano de las instituciones— cada semana de demora tiene un costo real y concreto. Las universidades nacionales atienden a más de dos millones de estudiantes en todo el país, en su mayoría provenientes de sectores medios y populares que dependen del sistema público para acceder a la educación superior.

El expediente también incluye un planteo de fondo: las universidades piden que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento. Ese criterio, que el Ejecutivo extendió a otras normas sancionadas por el Congreso, es visto por los rectores como una afrenta directa a la división de poderes y a la autonomía universitaria.

En junio, el Gobierno firmó un acta comprometiéndose a transferir fondos para mejorar salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. Pero el CIN fue categórico: ese acuerdo no reemplaza el cumplimiento integral de la ley ni de las órdenes judiciales ya dictadas. La firma de un acta, argumentan, no puede sustituir lo que el Congreso votó y la Justicia ordenó cumplir.

Ahora la pelota queda en manos del fiscal de feria, quien deberá pronunciarse sobre el pedido de habilitación antes de que el juez Cormick decida si el expediente continúa su trámite durante el receso. Los tiempos judiciales corren, pero para miles de trabajadores universitarios y estudiantes, cada día que pasa sin resolución es un día más de incertidumbre.

Con información de: Rosario3