Diputados de Santa Fe dividen aguas en reforma de Ley de Glaciares
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Protección de Glaciares con 137 votos a favor. Los legisladores santafesinos se dividieron: La Libertad Avanza y parte de Provincias Unidas apoyaron, mientras el peronismo rechazó la iniciativa que permite a las provincias evaluar la función hídrica de los glaciares.
La Cámara de Diputados aprobó ayer una controvertida reforma a la Ley de Protección de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, según informó El Ciudadano. El proyecto, impulsado por el gobierno nacional, introduce modificaciones que permiten a las provincias evaluar la "función hídrica efectiva" de los glaciares y áreas periglaciares.
Los diputados santafesinos evidenciaron una clara división en sus posiciones. Por un lado, los legisladores de La Libertad Avanza respaldaron masivamente la iniciativa, junto con algunos integrantes del espacio Provincias Unidas. En el polo opuesto, el peronismo santafesino cerró filas contra la reforma.
Entre los votos afirmativos se destacaron Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni, todos de La Libertad Avanza. También acompañaron José Núñez y Gisela Scaglia, del espacio Provincias Unidas.
El oficialismo defendió que la reforma no modifica el espíritu de protección ambiental y busca un equilibrio entre desarrollo productivo y cuidado de los recursos naturales. Esta posición se alinea con la agenda desregulatoria del gobierno, que busca transferir competencias a las provincias para agilizar procesos de inversión.
En contraste, el rechazo estuvo encabezado por diputados de Unión por la Patria como Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Agustín Rossi y Caren Tepp. A ellos se sumaron Pablo Farías y Esteban Paulón, también de Provincias Unidas.
La oposición calificó la ley como inconstitucional y regresiva, advirtiendo sobre posibles conflictos jurisdiccionales y daños ambientales. Cuestionaron especialmente que se traslade la responsabilidad de protección a las provincias, argumentando que esto podría generar criterios dispares en la evaluación de proyectos extractivos.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, establecía un régimen de protección integral de glaciares y ambiente periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos. Con esta reforma, las provincias tendrán mayor margen para autorizar actividades productivas en zonas que antes estaban estrictamente protegidas.