Santa Fe: proyecto de ley contra el hostigamiento de cobradoras de deudas en mora

El endeudamiento de las familias argentinas tiene una cara que los índices macroeconómicos no muestran: la del hostigamiento sistemático que sufren los deudores en mora a manos de agencias de cobros extrajudiciales. En Rosario, la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos registró un fuerte aumento de consultas por estas prácticas abusivas, lo que impulsó al diputado provincial radical Germán Scavuzzo a presentar en la Legislatura santafesina un proyecto de ley específico para prevenirlas y sancionarlas.

El texto ya ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe. La iniciativa apunta a regular toda cobranza extrajudicial dirigida a consumidores domiciliados en la provincia, incluso cuando el acreedor original o la agencia de cobros estén radicados fuera del territorio santafesino. Es decir, no importa dónde esté el banco o la billetera virtual: si el deudor vive en Santa Fe, la ley lo protege.

El diagnóstico que motivó el proyecto es concreto: bancos, entidades financieras no bancarias y billeteras virtuales suelen vender sus carteras de mora a agencias de gestión de cobros extrajudiciales que operan en un vacío regulatorio preocupante. En la Argentina no existe un marco normativo único ni un organismo de control específico para ese rubro. La actividad se rige, de manera fragmentada, por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, el Código Civil y Comercial y normativas locales dispersas. Ese vacío es el que Scavuzzo busca llenar a nivel provincial, tomando también como base la Ley Provincial 13.712 de Trato Digno.

Entre las prácticas más denunciadas figuran las llamadas a familiares, vecinos y compañeros de trabajo del deudor para exponer su situación, el envío de mensajes que simulan actuaciones judiciales inexistentes —con frases como «embargo inmediato» o «secuestro de bienes»— y el contacto fuera de horarios razonables. El proyecto prohíbe expresamente todas estas conductas.

En términos concretos, la iniciativa establece un límite de dos contactos semanales por cualquier vía —llamadas, mensajes, correos electrónicos— que se reduce a uno solo en el caso de consumidores hipervulnerables: mayores de 70 años, jubilados, pensionados o personas con discapacidad. Además, prohíbe las comunicaciones entre las 20 y las 9 horas. También veda el uso de bases de datos y algoritmos para rastrear el entorno del deudor y contactar a terceros vinculados.

Otro punto central es la transparencia en el primer contacto: la agencia estará obligada a informar con claridad quién reclama, en nombre de quién, cuál es el origen de la deuda y cómo puede impugnarse. Un dato que revela la magnitud del problema: muchos de los afectados ni siquiera saben quién es el acreedor original que les exige el pago, porque la deuda fue cedida o vendida varias veces.

El régimen de sanciones es escalonado. Comienza con un apercibimiento y escala hasta multas que van desde 0,5 hasta 2.100 veces la canasta básica total del Indec para un hogar tipo de cinco integrantes —valuada hoy en 1.645.737 pesos—. En términos prácticos, eso representa montos de algo más de 800.000 pesos hasta 3.400 millones de pesos. Un detalle relevante: la responsabilidad es solidaria entre la agencia de cobros y el acreedor original. El banco o la fintech no puede lavarse las manos delegando el cobro en un tercero.

El contexto en el que surge este proyecto no es menor. La combinación de tasas de interés elevadas, caída del poder adquisitivo y expansión del crédito informal —incluyendo prestamistas barriales con vínculos en la economía ilegal— generó un crecimiento sostenido de familias en situación de mora en toda la región. Rosario, como principal centro urbano de la provincia, concentra buena parte de esa problemática.

El proyecto de Scavuzzo no resuelve el problema estructural del endeudamiento, pero pone límites concretos a una industria que hasta ahora operaba sin reglas claras. Si avanza en la Legislatura, Santa Fe sería una de las pocas provincias del país con una normativa específica para este tipo de prácticas.