La Cámara Federal de Casación Penal cerró la puerta a Máximo y Florencia Kirchner al declarar inadmisibles los recursos que buscaban frenar el remate de sus bienes. La decisión de la Sala IV deja en pie la ejecución de la multa que el Estado busca cobrar tras la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña entendieron que el reclamo no corresponde porque no se trata de una sentencia definitiva que impida seguir con el trámite. Además, marcaron que la defensa no demostró un daño actual imposible de reparar más adelante, por lo que el proceso preparatorio para el decomiso continúa sin frenos.
La estrategia defensiva de los hermanos, acompañados por Sebastián Sánchez, director de las firmas familiares Hotesur y Los Sauces, insistió en que ellos no fueron condenados en el expediente de obra pública y que los bienes provienen de la sucesión de Néstor Kirchner. Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal 2 como Casación ya habían rechazado esa teoría, al sostener que el origen de los fondos es el delito mismo, sin importar a nombre de quién quedaron anotadas las propiedades.
La cifra que la Justicia busca cobrar, actualizada por el índice de inflación, ronda los 685 mil millones de pesos. Para comenzar a cubrir ese monto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola propusieron un primer lote de 111 inmuebles. Además, pidieron una segunda barrida que incluye otras 141 propiedades, 46 vehículos y los 5,6 millones de dólares en efectivo que estaban en la caja de seguridad de Florencia en el Banco Galicia.
A pesar de la derrota en Casación, la Corte Suprema de Justicia sigue teniendo la llave maestra de la subasta. Hace cuatro meses, los expedientes duermen en el cuarto piso del Palacio de Tribunales esperando una resolución definitiva sobre las quejas de la familia. En julio, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti avalaron el cálculo inflacionario de la deuda, pero aún falta la luz verde final para avanzar contra las escrituras.
El remate no se activará de inmediato porque faltan dos trámites clave. Por un lado, el Cuerpo de Peritos Tasadores todavía está calculando el valor real de mercado de los inmuebles. Por otro, la Acordada 22 aprobada en 2025 le da prioridad a la Corte Suprema para elegir y separar propiedades útiles para el funcionamiento del Poder Judicial, de modo que algunos inmuebles no irán a remate sino que pasarán al patrimonio estatal.
Recién cuando los peritos pongan precio a todo y la Corte termine de seleccionar las propiedades que le sirvan, el TOF 2 ya dispuso la creación de una plataforma de subastas online para poner a disposición del mejor postor los bienes restantes. La medida cierra un nuevo capítulo en la ejecución de la multa y deja en evidencia la magnitud del patrimonio que la familia acumuló durante sus años en el poder.
Comentarios (10)
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Por fin se ve que la Justicia no se deja frenar por los recursos de la familia. Ojalá el remate salga rápido y se cobre la multa.
A Marcelo: no es para celebrar, porque todavía falta la Corte y los peritos. Puede pasar otro año sin remate.
A Jorge: justo, pero Casación ya les cerró la puerta. Al menos no pueden seguir frenando con recursos.
Me preocupa que la Corte se quede con propiedades para el Poder Judicial antes de rematar. Hay que ver si eso no baja el monto que se recupera.
685 mil millones de pesos es una cifra enorme. Si no se remata todo, van a seguir jugando con el tiempo.
A Rosarino: de acuerdo, pero la Corte sigue teniendo la llave maestra. No es automático.
Lo de los 5,6 millones de dólares en la caja de seguridad de Florencia en el Banco Galicia es lo que más me llama la atención.
Si la Acordada 22 deja que la Corte elija inmuebles, hay que pedir transparencia para saber qué propiedades se apartan y por qué.
Bancando a Diego: sin transparencia, cualquier remate termina con dudas. Que publiquen el listado completo.
Me parece bien que se cobre la multa, pero también hay que ver si los bienes realmente valen lo que dicen los peritos.