El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete en la causa Andis.
Spagnuolo fue el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad durante el gobierno de Javier Milei, mientras que Daniel Garbellini se desempeñó como exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
La medida apunta al presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud, y alcanza también a un grupo de empresarios procesados en la misma resolución.
La medida no se agotó en los nombres centrales: el juez amplió la acusación contra otros cuatro imputados y procesó a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
Según el escrito firmado por el magistrado, las diferencias económicas en los insumos examinados ascienden, hasta el momento, a $1.849.277.963, un monto que el propio texto califica de piso porque la auditoría no cubrió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones del período investigado.
El relevamiento incorporado al expediente consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis, e incluyó prótesis, implantes auditivos y sillas de ruedas.
En términos provisorios, el esquema de sobreprecios superó la barrera de los $7800 millones, una cifra que el escrito judicial describe como el resultado de las operaciones relevadas y no como el techo final de las diferencias detectadas.
A eso se suma el trabajo previo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre once productos, que calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24. Al sumar ambos rubros, la resolución estima una afectación económica de $7.833.872.357,24.
Para Lijo, una organización delictiva habría funcionado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, manipulando las compulsas de precios del programa Incluir Salud mediante la simulación de competencia entre oferentes y el direccionamiento de adjudicaciones.
La imputación describe un mecanismo en el que las adjudicaciones se orientaban hacia empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios. En esa estructura, el juez ratificó a Spagnuolo, Garbellini y Calvete como supuestos jefes.
En el caso de Calvete, la resolución le imputó además el delito de lavado de activos y amplió los embargos. El juez también sumó a otros empresarios a la acusación por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
La causa no es nueva para Spagnuolo: en febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello lo procesó por cohecho activo, asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.
El material analizado por Lijo incluyó informes de Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, y documentación enviada por el Ministerio de Salud que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% calificados de “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro que necesitaba una prótesis para amputación, un ejemplo de la dimensión concreta que la Justicia atribuye al esquema de sobreprecios.
La ampliación de procesamientos y la cifra de $7.833.872.357,24 elevan la tensión en una causa que ya había puesto en el centro de la escena a la Andis, al programa Incluir Salud y a la gestión de compras de medicamentos e insumos.
Con informacion de: Rosario3 y La Nacion.
Comentarios (10)
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Lo de los $7.800 millones no es un número cualquiera. Si es piso, me preocupa lo que puede venir después.
Marcelo, cuidado con decir que es piso. La resolución dice que es provisional, no que ya esté todo cerrado.
Jorge, no es lo mismo. El propio texto dice que la auditoría no cubrió la totalidad, entonces el piso es parte del dato.
Ojalá la Justicia no se quede en procesamientos y llegue a condenas. Ya vimos causas que se enfrían.
Con 1972% de desvío no hay explicación. Eso es saqueo con planilla.
Concurro. El porcentaje es lo que hace la diferencia.
Lo de la prótesis para amputación en Río Negro me parece lo más duro. Detrás de cada número hay una persona esperando.
Me parece bien que procesen a empresarios también. No puede ser solo el funcionario de arriba.
Que se investigue la Andis es necesario, pero también hay que ver cómo llegó a estar tan desprotegida la compra de insumos.