El radicalismo y el socialismo, principales socios de Unidos, tienen 48 horas para destrabar las diferencias por las leyes de seguridad que el Ejecutivo provincial pretende votar el jueves en la Cámara de Diputados de la provincia.
Después del fracaso de la sesión del jueves pasado, las conversaciones se mantienen entre legisladores radicales y socialistas, según el Ejecutivo.
El sector de Antonio Bonfatti asegura que nunca se interrumpieron los diálogos y que trabaja para aprobar las reformas con modificaciones, en contacto con el sector de Clara García y Joaquín Blanco, que en esta negociación muestra posturas de mayor tensión.
En el entorno del gobernador hay enojo y una línea clara: “El que define la política de seguridad es el Ejecutivo”.
Para Pullaro, el rumbo de la seguridad le corresponde por su expertise y por los resultados logrados. El PS, que tiene más diputados que el radicalismo, reivindica su derecho a discutir las herramientas que requieren aprobación legislativa.
Una fuente de la conducción partidaria lo resume: “El socialismo nunca será empleado. Sí socio, aliado”.
Hasta ahora, incluso en las discusiones más difíciles de la reforma constitucional, las diferencias se procesaron adentro de Unidos. Esta vez, la exposición pública del conflicto empezó a encarecer las concesiones.
Para el gobernador, modificar bajo presión puede parecer una aceptación de límites a su autoridad. Para el socialismo, votar sin cambios después de las descalificaciones puede equivaler a aceptar la subordinación que rechaza.
El paquete ingresó en mayo y propone ampliar herramientas de investigación y actuación policial, modificar el régimen penitenciario y fortalecer otros instrumentos de persecución del delito.
Entre los puntos que concentran la discusión aparecen las intervenciones especiales en zonas con altos niveles de violencia, los allanamientos policiales inmediatos y la obtención de información por la policía sin la presencia de los abogados defensores.
También contempla disposiciones sobre internos de alto perfil, recompensas y juicios en ausencia.
La semana pasada avanzaron iniciativas sobre celulares robados y defensa pública, pero quedó pendiente el núcleo que enfrenta a los dos principales socios de Unidos.
El gobierno sostiene que necesita rapidez para actuar frente a organizaciones que se reorganizan y buscan recuperar terreno. Federico Angelini, funcionario del Ministerio de Seguridad, lo explicó con ejemplos en una nota con Radio 2.
Los ejemplos fueron intervenir en un barrio donde aumenta la violencia, actuar ante la detección de una persona armada u obtener información en los primeros minutos posteriores a un homicidio.
Desde esa perspectiva, las demoras legislativas tienen consecuencias operativas. En el socialismo plantean objeciones sobre las garantías y los controles.
Una fuente del PS menciona las declaraciones sin abogado defensor y el alcance de las intervenciones territoriales como puntos a limitar.
Con información de Rosario3 y el debate en la Cámara de Diputados.
Comentarios (10)
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Me parece bien que el Ejecutivo defienda la seguridad, en Rosario se siente la necesidad de más herramientas.
Pero no puede ser sin garantías, las declaraciones sin abogado me preocupan.
Lo que me parece raro es que se exponga tanto la interna de Unidos, antes se resolvía adentro.
Es que ahora el socialismo no quiere ser empleado, y el radicalismo tampoco quiere ceder.
Al menos se está discutiendo, no como otras veces que se aprueba sin debate.
Ojalá lleguen a un acuerdo para el jueves, la gente no quiere más demoras.
Juicios en ausencia y recompensas suenan a medidas de excepción, hay que cuidar los derechos.
También hay que pensar en los barrios donde aumenta la violencia, no todo es letra chica.
Lo de los celulares robados y la defensa pública ya avanzó, falta el núcleo duro.
Si el PS tiene más diputados, tiene razón en pedir que se discutan las herramientas.