La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Cañada de Gómez quedó en el centro de una investigación por una maniobra que habría desviado más de 76 millones de pesos hacia cuentas personales.
Tres empleados municipales fueron imputados como coautores de defraudación en perjuicio de la administración pública, según la calificación admitida por el juez Álvaro Campos en una audiencia realizada el viernes pasado.
Una de las acusadas, identificada como F.F., se desempeñaba como encargada de la Caja y habría tenido el papel central en la operatoria, con un monto atribuido superior a 25 millones de pesos.
Según el fiscal Santiago Tosco, entre noviembre de 2025 y junio de 2026 utilizó su posición jerárquica y el control final sobre la carga de datos para incorporar transferencias irregulares desde una cuenta institucional del Banco Credicoop hacia su cuenta personal.
La imputación sostiene que habría consignado falsamente pagos a jubilados fallecidos, beneficiarios inexistentes y terceros ajenos al sistema previsional, con el objetivo de encubrir los movimientos.
La investigación también involucra a M.A.F. y H.C., otros dos empleados municipales que habrían colaborado con la maniobra. A la primera se le atribuye haber intervenido en la liquidación de haberes entre enero y junio de 2026 para desviar más de 24 millones de pesos hacia una cuenta propia.
En tanto, H.C. habría integrado la operatoria entre noviembre de 2025 y junio de 2026 y recibido transferencias por más de 27 millones de pesos, sin respaldo ni justificación en el padrón de beneficiarios.
La Fiscalía sostiene que los movimientos provocaron un perjuicio económico tanto a las arcas municipales como a la Caja de Jubilaciones.
Tanto la Fiscalía, la Oficina de Gestión Judicial como el municipio mantuvieron en reserva las identidades de los imputados, por lo que la información pública solo los identifica con sus iniciales.
El caso se conoció en junio, cuando una auditoría interna detectó movimientos inusuales y procedimientos irregulares en el circuito de pagos de la Caja. El municipio apartó entonces a los agentes de sus funciones y sin goce de sueldo, e inició actuaciones administrativas.
La denuncia penal fue presentada formalmente el 2 de julio por el secretario de Gobierno, Luciano Travaglino, quien había explicado que se investigaban transferencias de anticipos por montos superiores a los autorizados y pagos que continuaban figurando a nombre de personas fallecidas, pero que terminaban en cuentas bancarias ajenas a esos beneficiarios.
En paralelo, el Concejo aprobó la contratación por 90 días de una ex empleada municipal, Mabel Scrosatti, para asistir y auditar el organismo previsional.
El juez Álvaro Campos dispuso que los tres imputados transiten el proceso en libertad, bajo medidas alternativas que regirán durante 90 días, hasta el 29 de enero de 2027.
Entre las restricciones, deberán fijar domicilio, presentarse una vez al mes ante la Oficina de Gestión Judicial y no podrán salir del país ni ingresar a la dependencia de la Caja de Jubilaciones sin autorización judicial.
Comentarios (12)
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No me parece justo que queden en libertad con medidas, pero al menos hay imputación. Lo que me preocupa es si se recupera el dinero de la Caja.
Libertad con medidas es lo que corresponde hasta que se pruebe. No hay que linchar.
Con 76 millones y pagos a jubilados fallecidos, no sé si alcanza con presentarse una vez al mes.
76 millones no es poca cosa. Ojalá la auditoría de Mabel Scrosatti aclare todo y no quede en nada.
Lo que me parece grave es que los pagos a jubilados fallecidos sigan figurando. Eso afecta a la Caja y a todos.
Exacto, los jubilados son los que sufren. Me parece mal que la encargada haya tenido tanto control.
Cañada de Gómez no es Rosario, pero el tema es serio. Ojalá el Concejo no baje la cabeza.
¿Alguien sabe si la denuncia la presentó el municipio o la fiscalía? Acá dice Luciano Travaglino.
La denuncia penal la presentó el secretario de Gobierno, según la nota.
Bueno que se haya detectado por auditoría interna. Al menos no se enteraron por un jubilado.
Me da bronca que sean municipales y no estén presos, pero la justicia tiene que ser imparcial.
Que no entren a la Caja sin autorización judicial es poco. Deberían estar presos.