El Gobierno nacional formalizó mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Luis Caputo, la incorporación de rutas al proyecto Red Federal de Concesiones bajo la Ley 17.520.
La medida instruye a la Secretaría de Transporte a realizar estudios y convocar, en un plazo máximo de doce meses, licitaciones públicas nacionales e internacionales para que empresas privadas asuman la construcción, el mantenimiento, la reparación y la explotación por peaje de los tramos incluidos en el anexo oficial.
El anexo incorpora 27 corredores viales en distintas jurisdicciones, entre ellos rutas de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y corredores interprovinciales que incluyen a Santa Fe por la RN 11.
Entre los tramos compartidos figuran la RN 11, que une a Santa Fe, Chaco y Formosa, además de otros corredores interprovinciales listados en el decreto.
El decreto se dictó en un contexto de fuerte retracción de la inversión pública vial. Según la ACIJ, el gasto ejecutado por la DNV y la ANSV cayó 80% en términos reales entre 2023 y 2026.
En valores constantes, los fondos asignados a Vialidad Nacional pasaron de 2.700 millones de dólares en 2023 a menos de 800 millones de dólares en los ejercicios posteriores, según los datos citados en el texto.
El Instituto Argentina Grande estima que solo 42,4% de las rutas nacionales está en buen estado, mientras que 31,8% se encuentra en mal estado y 25,8% en estado regular.
El informe citado identifica 37 tramos severamente dañados sobre 4.625 kilómetros, con demoras de hasta cuatro horas y ocho minutos en sectores de la RN 40 en Santa Cruz y complicaciones críticas en la RN 151 entre La Pampa y Río Negro.
El texto también señala una distorsión en el financiamiento vial: el impuesto fijo sobre combustibles pasó de 8,9% a 20,1% del precio final, pero el Estado retuvo gran parte de esos recursos.
Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Sisvial recibió 1,5 billones de pesos, pero solo 26,2%, equivalentes a 394.406 millones, se volcaron a obras en calzadas.
El 73,8% restante, superior a 1,1 billones, fue retenido por el Ministerio de Economía e invertido en instrumentos financieros como plazos fijos, LECAP y BONCAP para apuntalar el superávit fiscal.
Ante el abandono de tareas de conservación por parte de la Nación, diversas administraciones provinciales debieron asumir el mantenimiento con recursos propios para garantizar la circulación mínima.
El texto citado no especifica un calendario por tramo, pero fija el tope de doce meses para que la Secretaría de Transporte realice los estudios y convoque a licitación.
La reducción de fondos obligó a provincias a asumir tareas que corresponden a la Nación, en un contexto donde la red vial nacional muestra un deterioro sostenido.
Con información de: Conclusion, fuente principal.
Comentarios (10)
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Por fin se toca el tema de las rutas. Si no hay plata, que el privado mantenga y cobre peaje, pero con control.
No me parece. Con peajes van a subir los costos de flete y la producción. El Estado no puede irse de la red vial.
Silvia, si la Nación no invierte, alguien tiene que hacerlo. Lo que no se puede es seguir dejando rutas en mal estado.
Con lo que pasó con el combustible, ahora peajes. El Estado retuvo 1,1 billones y ahora culpa a las rutas.
La RN 11 de Santa Fe necesita mantenimiento. Ojalá la licitación no se quede en papel.
Me preocupa que el 73,8% se haya ido a plazos fijos y LECAP. Eso es financiar el superávit con la infraestructura.
Al menos hay un superávit fiscal. Si no, la inflación se lleva todo. La obra pública tiene que ser sostenible.
Superávit con rutas rotas no es superávit, es abandono. En Formosa y Santa Fe se nota.
Habría que pedir el anexo completo y ver qué tramos de Santa Fe se licitan primero.