La ex presidenta Cristina Kirchner llevó su caso a Naciones Unidas con un objetivo claro: que se revise la condena a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad.
La presentación se hizo este martes y llega después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa y confirmara por unanimidad la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.
El equipo de abogados, integrado por Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, sostiene que se violaron derechos fundamentales durante el proceso y pidió al Comité de pagotto-el-senador-libertario-fallecido-fue-abogado-de-genocidas-de-la-dictadura.html" class="auto-link">Derechos Humanos que suspenda la pena de inhabilitación.
La estrategia tiene un reloj: la defensa busca que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité. Rafael Valim lo confirmó a Reuters y dijo que eso daría condiciones para que el Poder Judicial de Argentina examine la decisión del organismo este año.
El abogado brasileño, que también participó en la revisión del caso de Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo organismo, fue directo: “Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo”.
El Comité de Derechos Humanos está en Ginebra, tiene 18 expertos independientes y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus pronunciamientos no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional.
La defensa presentó un informe técnico de la consultora Specs que, según los letrados, muestra que el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso de Vialidad.
El fideicomiso fue creado por el decreto 54/2009 y administrado por la Dirección Nacional de Vialidad. Para la defensa, el principal destinatario fue IECSA S.A., empresa vinculada al primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
Carlos Alberto Beraldi explicó que el tribunal condenatorio centró la causa en esos fondos y afirmó que el decreto fue emitido “de forma totalmente irregular” para proveer fondos a obras de Lázaro Báez. “Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso”, completó.
La defensa presentará esas pruebas también ante la Cámara Federal de Casación Penal, mediante un recurso de revisión. Beraldi sostuvo que con la interposición del recurso se puede pedir la suspensión de la sentencia y reconoció que el objetivo final es “que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política”.
Un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa advirtió que el tema no es novedoso: fue “tratada y rechazada varias veces”. También señaló que el informe de la defensa se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio se debatió la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, donde Báez concentró “cerca del 85% de las obras”.
El paso ante la ONU no es solo jurídico. Dentro del peronismo, la maniobra se lee como una jugada política para mantener a Cristina Kirchner en la actividad política, aunque la sentencia ya quedó firme.
Con información de: Rosario3, 29 de septiembre.
Comentarios (10)
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Otra vez la ONU. Si la Corte Suprema confirmó por unanimidad, no entiendo por qué creen que un comité no vinculante les va a devolver la libertad.
No es devolver la libertad, es pedir suspensión de la inhabilitación. Valim lo dijo: quieren que el comité examine el caso en octubre.
Y aun así, si el comité no es vinculante, ¿qué fuerza tiene? La sentencia quedó firme y la defensa ya probó eso en la Corte.
Lo del informe de Specs con el 0,85% es un dato fuerte, pero un magistrado de Comodoro Py dijo que el juicio trató Santa Cruz, no datos nacionales. Hay que ver si eso se sostiene.
Mientras discuten en Ginebra, la justicia local sigue trabada. Me parece que es una maniobra política para que CFK no quede afuera del tablero.
El dato de IECSA y Calcaterra es el que más me llama la atención. Si el fideicomiso no fue para Báez, ¿por qué la condena se centró en eso?
Otra vez Ginebra. En Rosario se nota la bronca por la política, pero acá nadie explica si esto cambia la inhabilitación para las próximas elecciones.
Al menos la defensa presentó pruebas nuevas. Si el 0,85% se confirma, la sentencia tiene un problema serio.
Yo solo pido que se respete la ley. Si hay violaciones de derechos, que se demuestren; si no, que no usen la ONU como tercer tribunal.