La defensa de Cristina Kirchner presentó una nueva adenda ante el Comité de pagotto-el-senador-libertario-fallecido-fue-abogado-de-genocidas-de-la-dictadura.html" class="auto-link">Derechos Humanos de la ONU y pidió que se suspenda la inhabilitación política perpetua que pesa sobre la expresidenta.
Según los abogados, el planteo reúne nuevos hechos y elementos que deberían ser considerados por el organismo internacional. Entre ellos, denuncian situaciones que califican como actos de intimidación contra la expresidenta.
La presentación menciona declaraciones de jueces que participaron de la causa Vialidad, medidas sobre sus bienes y publicaciones de Javier Milei contra la expresidenta. También cuestiona el avance sobre el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.
Para sus abogados, esas situaciones afectan el derecho a presentar un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos. En ese marco, insisten en que el organismo revise la medida solicitada mientras se resuelve el fondo del caso.
Uno de los puntos centrales es la documentación oficial sobre el destino de fondos de la Fuente 14, vinculados al fideicomiso vial SISVIAL. Durante el juicio, los abogados habían pedido información sobre esos recursos, pero esas pruebas fueron rechazadas.
En agosto de 2026, durante la causa Cuadernos, un funcionario auditor aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con esos fondos. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable que ahora intenta usar para revisar la condena.
Según los resultados, de las 51 obras incluidas en la causa Vialidad, 17 recibieron fondos de la Fuente 14. Además, de 3.855 certificados pagados con esos recursos, solamente 36 correspondieron a esas obras.
El informe también sostiene que, sobre unos 2.200 millones de dólares desembolsados, el Grupo Austral recibió 18,66 millones, equivalentes al 0,85 por ciento. La defensa considera que esos datos contradicen una de las premisas usadas para condenar a la expresidenta.
La adenda también cuestiona la difusión de un video de 2018, correspondiente al allanamiento del departamento de Cristina Kirchner en Recoleta. La defensa sostiene que la publicación de imágenes de espacios privados y efectos personales violó su derecho a la vida privada.
Con esos argumentos, los abogados volvieron a pedir que la ONU suspenda la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta que exista una decisión sobre el fondo del reclamo. De manera alternativa, plantearon la suspensión de la condena de seis años de prisión.
El reclamo tiene además una consecuencia política. Máximo Kirchner afirmó que su madre mantiene la voluntad de ser candidata en las elecciones presidenciales de 2027 si recupera sus derechos políticos. Por ahora, la inhabilitación continúa vigente y el próximo paso será el tratamiento ante el Comité.
Comentarios (10)
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Me parece una maniobra para seguir en la política. La ONU no debe meterse en la justicia argentina.
No es maniobra, es un mecanismo legal. Si hay pruebas nuevas, el Comité debe revisarlas.
Ojalá se revele el destino de los fondos. Si la pericia es cierta, hay que revisar la condena.
Cada vez que hay una causa, aparece un recurso internacional. Ya no se puede con tanta impunidad.
¿Impunidad? La causa Vialidad ya tiene condena. Ahora quieren que la ONU la levante.
No es levantar, es suspender mientras se resuelve. Hay diferencia.
Lo que me interesa es el dato de los 36 certificados. Si es oficial, hay que investigar a fondo.
Concuerdo, pero hay que esperar el informe completo.
Máximo hablando de candidata. Mientras tanto, la gente espera una decisión clara.
Que se sepa si la ONU acepta el planteo. Por ahora la inhabilitación sigue vigente.