El Gobierno de la Provincia de Santa Fe tomó posesión de dos inmuebles en el departamento Rosario, en el marco de un expediente judicial por estafas inmobiliarias. Los bienes quedaron bajo la gestión de la Aprad, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, que ahora administra los activos alcanzados por la medida.
Se trata de una construcción inconclusa con pileta y quincho ubicada en Funes y de un lote en el barrio Ecopueblo de Alvear. La maniobra investigada consistía en la captación de dinero de particulares para supuestos emprendimientos inmobiliarios que no se concretaron. Esos fondos fueron utilizados para adquirir los bienes alcanzados por la medida, lo que permite vincular los inmuebles con la maniobra y habilitar su liquidación para resarcir a las víctimas.
El procedimiento se suma al decomiso del fondo de comercio del Pink Bar, un establecimiento del macrocentro rosarino vinculado a la misma causa, cuya subasta pública ya fue ejecutada. Según precisó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, el propósito de la intervención es liquidar estos activos en futuros remates para destinar lo recaudado al resarcimiento económico de las víctimas. De ese modo, la toma de posesión no se limita a la retención de los bienes, sino que apunta a convertirlos en recursos concretos para quienes fueron afectados por la maniobra.
Con estos ingresos, la provincia contabiliza 25 inmuebles decomisados, alcanzando a más de 50 unidades habitacionales bajo su administración. Ese volumen muestra que la causa no se agota en los dos inmuebles tomados en Funes y Alvear, sino que se inscribe en un proceso más amplio de recuperación de bienes vinculados a estafas inmobiliarias. La administración de esos activos queda en manos de la Aprad, que debe gestionar su eventual liquidación y el destino de los fondos obtenidos.
Respecto de la operatividad del organismo, el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, señaló que la agencia opera de forma autárquica y financia su estructura logística exclusivamente con los recursos obtenidos en las subastas. Los excedentes generados se dirigen prioritariamente a la reparación patrimonial de los afectados y al apoyo financiero de instituciones de bien público, como clubes y escuelas. Esta lógica de funcionamiento busca que la gestión de los bienes decomisados se sostenga con los propios ingresos que se obtienen al liquidar los activos vinculados a la causa.
Hasta la fecha, el acumulado obtenido en los remates de la actual gestión supera los 6.600 millones de pesos. Ese monto forma parte del circuito de liquidación de bienes decomisados que la provincia administra a través de la Aprad, con el objetivo de sostener el resarcimiento de las víctimas y el apoyo a instituciones de bien público.

Comentarios (8)
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Bien que la provincia liquide los bienes y no se queden en el papel. Ojalá el resarcimiento llegue pronto.
¿Y las víctimas que perdieron todo? 6.600 millones suena bien, pero no alcanza para todos.
En Rosario siempre igual: primero estafan con propiedades y después el Estado tiene que limpiar el desastre.
No es el Estado el que estafa, son los estafadores. Al menos ahora hay decomisos y remates.
Fácil decirlo. Si el Estado no controla antes, después cobra y se lava las manos.
Me parece importante que la Aprad se financie con las subastas y no con el presupuesto. ¿Alguien sabe cómo se reparte entre víctimas?
Según la nota, los excedentes van a reparación patrimonial y a instituciones de bien público, como clubes y escuelas.
Que se subaste el Pink Bar y ahora estas propiedades da una señal. Ojalá no se eternice.