El Gobierno de Santa Fe tomó posesión el jueves de un departamento en Cerrito al 600 y una cochera sobre Maipú, en Rosario, por una causa de estafas inmobiliarias.
Los dos inmuebles quedaron bajo la órbita de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, conocida como Aprad, y serán incorporados a una próxima subasta.
El objetivo declarado es destinar lo recaudado a reparar económicamente a las personas damnificadas.
Desde que asumió este gobierno provincial, ya son 27 inmuebles decomisados. En esta oportunidad, la causa está vinculada a estafas inmobiliarias y tiene cuatro titulares involucrados.
Desde APRAD explicaron que la intención es vender este departamento, la cochera y los dos inmuebles decomisados en Funes y Alvear en la próxima subasta de Rosario, prevista entre marzo y mayo del año que viene.
La medida no es un trámite menor: el Estado provincial toma posesión de bienes vinculados a una investigación por estafas inmobiliarias y lavado de activos, y los prepara para una venta pública.
El dato relevante es que los recursos obtenidos no se quedan en la caja provincial: la intención es usarlos para reparar económicamente a las personas damnificadas.
Que la causa tenga cuatro titulares amplía el alcance de la investigación y muestra que no se trata de un caso aislado de mala fe en una operación inmobiliaria.
La próxima subasta en Rosario agrupa al menos cuatro inmuebles: el departamento de Cerrito al 600, la cochera de Maipú, y los dos decomisados en Funes y Alvear.
Para los compradores, la venta en la subasta entre marzo y mayo del año que viene puede convertirse en una oportunidad de acceso a inmuebles vinculados a una causa judicial.
Para las víctimas, el mecanismo es una vía concreta para recuperar parte de lo perdido, aunque el monto final dependerá del valor de venta de cada inmueble.
El caso vuelve a poner en el centro un problema que afecta a las familias: la inseguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias.
Cuando el Estado recupera activos vinculados a delitos contra particulares, el mensaje es que la propiedad privada no se respeta solo para los honestos.
La mención al lavado de activos es importante: no solo se investiga una estafa inmobiliaria, sino también el posible movimiento de recursos obtenidos de forma ilícita.
Que el gobierno provincial acumule 27 inmuebles decomisados desde que asumió muestra una línea de trabajo sostenida sobre bienes vinculados a causas penales.
La subasta de Rosario no será un evento aislado: se venderá el departamento, la cochera y los dos inmuebles de Funes y Alvear.
El plazo entre marzo y mayo del año que viene da margen para que los interesados conozcan los inmuebles y el proceso judicial.
Para la ciudad, la noticia tiene dos lecturas: por un lado, la lucha contra la estafa; por el otro, la posibilidad de que bienes vinculados a una causa judicial vuelvan al mercado.
La clave estará en el resultado de la venta: si el monto alcanza para reparar a las personas damnificadas, el mecanismo habrá cumplido su objetivo.
Con informacion de: La Capital, Conclusion.

Comentarios (10)
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Bien que se decomisen bienes y se destine el dinero a las víctimas. En Rosario hay que perseguir a los estafadores.
Ojalá la subasta no termine siendo un trámite burocrático. Que el dinero llegue a los damnificados.
¿Y por qué el Estado se mete en esto? Mejor que la justicia civil resuelva y no haya subastas provinciales.
No es meterse, es recuperar bienes vinculados a una causa. Si no, los estafadores se quedan con todo.
Y si la subasta sale barato, ¿quién responde por el dinero de las víctimas?
27 inmuebles decomisados desde que asumió la provincia. Hay que seguir con esto.
La subasta entre marzo y mayo puede ser una oportunidad, pero hay que verificar bien el estado legal de cada inmueble.
En Rosario siempre hay una estafa inmobiliaria. El problema es que el Estado no previene, solo decomisa después.
No es lo mismo. Acá hay una causa por estafas y lavado. Que se venda y se repare a los damnificados.