El Concejo Municipal de Rosario retomará esta semana el debate por la prohibición de cuidacoches tras una sesión sin definiciones.
La sesión anterior quedó sin definiciones en medio de tensiones políticas entre los distintos bloques del Concejo.
La discusión se reactivó luego de que el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin para adherir a la ley provincial Nº 14.486 quedara abierto en las comisiones.
El análisis se desarrolló en las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control y Convivencia y Seguridad Ciudadana.
La iniciativa busca incorporar al Código de Convivencia local la prohibición de ofrecer estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otros beneficios.
Este lunes, el jefe municipal volvió a pedirle al Concejo que avance con la adhesión y diferenció entre el trapito y la actividad extorsiva, que “hay que prohibir y combatir”.
El intendente sostuvo: “Hay marcos y oportunidades que requieren una normativa. Proponemos adherir a la ley y darle un marco vinculado a lo social”.
En el encuentro del miércoles pasado, la concejala Sabrina Prence presentó modificaciones para reforzar el abordaje social, con un protocolo de actuación, registro de antecedentes, canales de denuncia y campañas de difusión.
Entre los canales propuestos figuran el 911, el 147 y Munibot, además de una mayor coordinación con la Provincia para las intervenciones policiales.
La edila también planteó que las sanciones económicas no deberían aplicarse a quienes no cuentan con recursos para afrontarlas, aunque sí a quienes tengan capacidad económica para pagarlas.
Según explicó, buscó reunir los aportes de los distintos bloques para que las modificaciones no quedaran identificadas como una iniciativa propia.
Desde Unidos por Rosario, Fabrizio Fiatti pidió contar con el documento para continuar el análisis y señaló tres ejes: establecer la prohibición, definir las sanciones y garantizar un abordaje social.
El concejal consideró que el artículo referido al régimen de excepciones no constituye una prioridad en esta instancia.
Hubo coincidencias sobre la necesidad de incorporar a las organizaciones sociales que ya trabajan con las personas que desarrollan la actividad y promover programas de capacitación en oficios, acompañamiento e inserción laboral.
Sin embargo, no se cerraron acuerdos sobre los mecanismos de implementación y las comisiones resolvieron volver a reunirse el miércoles 18.
La ley provincial Nº 14.486, promulgada en octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorporó sanciones específicas para la actividad, que incluyen trabajo comunitario, arresto en casos de reincidencia y penas agravadas cuando existen amenazas, violencia u organización.
Para aplicar el nuevo régimen, los municipios deben adherir mediante ordenanzas locales. En Rosario, el Ejecutivo sostiene que la aprobación permitirá formalizar un convenio con la Provincia y coordinar operativos entre agentes municipales y efectivos policiales.
Con información de: Rosario3 y Concejo Municipal.
Comentarios (10)
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Me parece bien que se prohíba la extorsión, pero no alcanza con multar. Hay que dar una salida laboral real.
No es caridad, es orden. Si no se puede trabajar en la calle, se busca otro trabajo.
Y si la persona está en situación de calle por adicciones? No es tan simple como decir que se busque otro trabajo.
Otro debate que termina en nada. Ya se dijo lo mismo hace meses y no se ven operativos.
Los cuidacoches son un problema de inseguridad, no de caridad. Que se cumpla la ley.
Bien que se sume capacitación y organizaciones sociales. Sin eso la prohibición no se sostiene.
Siempre igual: se habla, se comisiona y después no hay controles. Que se vote y se aplique.
Con acuerdo, pero también hay que coordinar con la provincia, como dice la nota.
Tiene razón, pero si no hay controles ni sanciones claras, vuelve a ser solo un debate.