La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió este jueves la destitución de Shirli Soledad Tomasso, fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación de la 5ª Circunscripción Judicial. El cuerpo la encontró responsable de mal desempeño y le impuso una inhabilitación por diez años para volver a ocupar cargos en el organismo de persecución penal.
La sesión conjunta de senadores y diputados se realizó en el recinto de la Cámara baja, bajo la presidencia del titular provisional del Senado, Felipe Michlig. El encuentro dio cumplimiento a la convocatoria oficial destinada a tratar los expedientes elevados por la Comisión de Acuerdos.
Durante el debate, los legisladores consideraron el dictamen de la Comisión de Acuerdos, elaborado en el marco del procedimiento previsto para las denuncias y trámites de remoción de integrantes del MPA. Esa comisión había aconsejado avanzar con la destitución de Tomasso y con la sanción de inhabilitación por una década.
La Asamblea convalidó la recomendación por amplia mayoría. El recuento final arrojó 14 votos afirmativos en el Senado y 30 en la Cámara de Diputados. En la Cámara baja se registraron además siete votos negativos y tres abstenciones, con lo que quedó firme la remoción definitiva de la funcionaria judicial.
La decisión judicial-política vuelve a poner en el centro el control sobre los funcionarios del sistema de justicia. En un contexto donde la confianza pública se mide con hechos, la Asamblea usó una herramienta prevista para separar a quien no cumple con las obligaciones de su cargo.
El caso de Tomasso muestra que la responsabilidad en el ejercicio de la función no es una frase de manual, sino un mecanismo que puede aplicarse cuando existe un expediente formal y un dictamen parlamentario. La remoción no fue un acto aislado: pasó por la Comisión de Acuerdos y por la sesión conjunta de ambas cámaras.
La inhabilitación por diez años agrega un peso adicional a la sanción. No solo aparta a la fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, sino que le cierra la puerta a volver a ocupar cargos dentro del organismo durante una década. Ese plazo busca marcar una consecuencia concreta por el mal desempeño declarado.
El procedimiento también deja en evidencia cómo funciona el control político sobre el MPA en Santa Fe. La Asamblea Legislativa, con senadores y diputados reunidos, actúa como instancia para resolver la remoción de un funcionario cuando la comisión de acuerdos lo recomienda. La votación, con mayoría clara, le da carácter definitivo a la decisión.
Con información de: El Ciudadano. La información se basa en el recuento final de la Asamblea Legislativa.
Comentarios (10)
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Bien que se aplique la ley. Si hay mal desempeño, que se vayan.
¿Alguien sabe qué hechos concretos se le imputaron? La nota solo dice mal desempeño.
En la fuente no aparecen los hechos, solo el dictamen de Acuerdos y la votación.
Siempre se castiga a la que está abajo. Los que mandan nunca responden.
No es castigar, es el mecanismo previsto. Si no lo aplican, ahí sí hay impunidad.
Con todo respeto, el mecanismo existe, pero también hay que ver si la fiscalía no fue usada para achicar la persecución penal.
Diez años es mucho, pero si no cumplió, que no vuelva al MPA.
Me parece importante que la Asamblea vote con mayoría clara, no por apuro.
Que se investigue a fondo a todos los que ocupan cargos públicos. Así se termina la casta.
Que se publique el dictamen completo. La ciudadanía tiene derecho a saber.