La causa por la criptomoneda $LIBRA no quedó cerrada de un día para el otro. El inversor Juan Patricio Marchetto presentó la primera apelación contra el sobreseimiento que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó para el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados.
El escrito, de 40 carillas, fue patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Marchetto sostiene que el magistrado incurrió en “contradicciones” y “confusiones”, que hizo una “valoración fragmentaria” de las pruebas y que dejó una “fundamentación aparente” para absolver a todos.
La presentación también apunta al fiscal Eduardo Taiano. Según el recurso, el funcionario ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, no requirió indagatorias y pidió los sobreseimientos cuando quedaban pendientes diligencias que él mismo había ordenado.
Entre las medidas que el inversor considera pendientes figuran la ampliación de las pericias telefónicas sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, los “cueveros” que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.
Marchetto también reclama que se cite a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, primera letrada de Hayden Davis en la Argentina. En el escrito, remarca que ninguno de los once imputados sobreseídos había sido convocado a prestar declaración indagatoria.
El punto que más tensión genera es el cronograma de comunicaciones. El recurso cita registros según los cuales Mauricio Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. A las 18:56:22, el presidente recibió una llamada entrante del operador. El mensaje que promocionó $LIBRA apareció a las 19:01:22.
El escrito también detalla los movimientos de dinero: 74 billeteras realizaron 87 transacciones por aproximadamente 13,5 millones de dólares unos 22 segundos antes del posteo presidencial. Para Marchetto, esos datos muestran operaciones al borde del lanzamiento y una publicación que abrió el activo al público general.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, destaca el recurso.
El caso tiene un nudo procesal: el propio juez apartó a Marchetto y a otros damnificados del expediente poco antes de absolver a los 11 imputados. La Cámara Federal confirmó ese apartamiento, pero el inversor apeló y ahora debe resolver la Cámara Federal de Casación Penal. Como esa definición aún no llegó, Marchetto sostiene que tiene derecho a impugnar el cierre de la causa.
El argumento central del magistrado para cerrar el expediente fue que no quedaban actores por la parte acusatoria. El problema, según el recurso, es que esos actores fueron retirados por el mismo juez. Otros damnificados adelantaron que también presentarán apelaciones, y la causa $LIBRA vuelve a estar en movimiento.
Comentarios (10)
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Que el juez haya apartado a los damnificados y después cierre la causa no me parece casual. Hay que ver qué pasa en Casación.
Igual, con Milei de por medio, cualquier apelación va a ser política. Pero los datos de las billeteras no se pueden ignorar.
Lo que más me llama la atención es el cronograma de llamadas. Si eso está en el expediente, debería ser público.
Las llamadas están citadas en el escrito, pero no sé si están probadas. Hay que esperar la resolución.
Si el fiscal no citó testigos y no pidió indagatorias, no es falta de prueba, es falta de voluntad.
Me parece bien que los inversores no se queden callados. Si hay una estafa, que se investigue hasta el final.
No es solo que no haya indagatorias, es que el cierre llegó después de apartar a los damnificados. Eso no se puede pasar por alto.
Ojalá no sea otra causa que se enfría. Los 13,5 millones de dólares no son un detalle.
Que ningún imputado haya sido indagado es el dato más fuerte. Sin indagatorias no hay defensa técnica.
Que otros damnificados también vayan a apelar da fuerza a la causa. No puede quedar en una sola voz.