El fallo no es un capricho jurídico: devuelve al Estado la llave que había perdido frente a las prepagas. Desde Rosario, el mensaje llega directo a los afiliados que llevan años viendo cómo la cuota se les va de las manos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves 19 de noviembre que las prepagas deberán volver a someter los aumentos de sus cuotas a la autorización del Gobierno nacional. El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, que habían eliminado la intervención estatal sobre los precios de los planes de salud.
La decisión restituyó las facultades de control de la Superintendencia de Servicios de Salud y modificó las condiciones bajo las cuales las empresas podrán aplicar futuros incrementos. A partir de ahora, la Superintendencia deberá recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones en los valores de los planes.
Para los afiliados, esto significa que los próximos ajustes deberán estar sujetos a una evaluación oficial y, de concretarse, ocurrir con previa autorización del Gobierno. Los incrementos tendrán que justificarse mediante variaciones en la estructura de costos de las empresas y cálculos actuariales razonables de los riesgos, según los criterios previstos en la legislación.
Sin embargo, la sentencia no estableció un congelamiento de cuotas ni impide nuevos aumentos. Además, tampoco dispuso que las empresas deban ajustar sus precios exclusivamente según la inflación: la Corte dejó sin efecto la parte de una sentencia anterior que había establecido ese límite.
Por lo tanto, no existe un porcentaje máximo general de aumento fijado por este fallo. La aplicación del nuevo esquema dependerá de la intervención de la Superintendencia y de los procedimientos que se establezcan para las próximas actualizaciones.
El caso comenzó con una presentación judicial de María del Carmen Bobbio, afiliada a Swiss Medical, quien cuestionó un incremento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La mujer sostuvo que si se hubiera mantenido el mecanismo regulatorio anterior, el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26% de acuerdo con la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud.
En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Tanto Swiss Medical como el Estado nacional apelaron. Finalmente, la Corte confirmó la inconstitucionalidad de las disposiciones que habían eliminado el control estatal, pero revocó el límite automático vinculado al IPC.
La sentencia fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y alcanzó específicamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que modificaron la Ley 26.682 de Medicina Prepaga. Los magistrados consideraron que el Gobierno no había justificado suficientemente las circunstancias excepcionales que permitieran eliminar mediante un decreto las facultades estatales de fiscalización.
Además, la decisión constituye la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre el decreto 70/2023.
Según el tribunal, la invocación de una emergencia económica y social resultaba insuficiente para demostrar la necesidad urgente de adoptar esa medida sin recurrir al Congreso. El fallo también representó un antecedente para otros conflictos judiciales relacionados con los incrementos aplicados tras la desregulación, ya que existen cerca de 500 causas similares pendientes de resolución, aunque cada expediente deberá analizarse de acuerdo con sus circunstancias. También podría influir en reclamos de afiliados que ya pagaron y reclamarán su restitución.
De esta manera, el próximo paso será la implementación del control de las cuotas por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, mientras se define cómo deberán tramitarse las futuras solicitudes de incremento. Para Rosario, la pregunta no es solo jurídica: es de bolsillo, porque la cuota de la prepaga ya no es un gasto menor, es un impuesto que se paga todos los meses.
Con informacion de: El Ciudadano, Rosario3.

Comentarios (10)
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Por fin. Mi cuota subió 110% en 2024 y nadie me devolvió nada. Ojalá la Superintendencia no quede de adorno.
Mientras tanto, la inflación sigue y las prepagas van a pedir aumentos enormes. La autorización va a ser solo para formalizar.
En Rosario ya estamos acostumbrados a que primero suben y después se revisa. Ojalá no pase lo mismo.
Bueno que al menos no quedó congelado, porque si no, las empresas se bancaban y después cobraban todo de golpe.
Lo que no está claro es cómo se van a tramitar los pedidos de aumento. La nota dice que se definirá.
Eso es lo que me preocupa: 500 causas no significan que me devuelvan mi plata. Necesito certezas.
Lo importante es que la Corte dijo que el DNU no justificó la emergencia para sacar el control. Eso es fuerte.
Con todo respeto, si la Superintendencia no tiene capacidad, esto va a ser un trámite. Ya lo vivimos con otros servicios.
Al menos hay un precedente. Ojalá se aplique igual en Rosario y no solo en los tribunales de Buenos Aires.
Que no haya tope por IPC no es tan malo: si los costos suben, hay que revisar. Pero que no sea para justificar cualquier aumento.