La pobreza en Argentina volvió a subir y ya alcanza al 34,4% de la población, mientras que la indigencia llegó al 8% durante el segundo trimestre de 2026, según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares difundidos por el Indec.
El dato marca un giro respecto del trimestre anterior, cuando los indicadores estaban en 30% y 7%, y también supera los registros de un año atrás, que eran 31,4% y 6,9%. Desde el tercer trimestre de 2025, la pobreza y la indigencia acumulan tres aumentos consecutivos.
En términos absolutos, la encuesta contempla una población urbana de 30 millones de personas, de las cuales más de 10 millones viven en hogares pobres. Si se proyecta sobre la población total del país, estimada en 46,7 millones, la cifra ronda los 16 millones de pobres y 3,7 millones de indigentes.
La comparación interanual muestra unos 800.000 nuevos pobres, entre ellos casi 300.000 personas que pasaron a condiciones de indigencia. El deterioro no es solo estadístico: se observa en el acceso a gas, agua corriente y desagües, además de la dificultad para contar con cobertura médica mediante obras sociales o mutuales.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, advirtió que los datos reflejan “la persistencia de un núcleo estructural de pobreza del orden del 30% de la población y de pobreza extrema cercana al 10%”. Para el especialista, esos niveles no son un piso inevitable, sino el resultado de dificultades acumuladas en integración laboral, productividad, educación, hábitat, acceso a servicios y protección social.
Salvia también señaló que una desaceleración de la inflación puede modificar los indicadores cuando mejora el precio relativo de los alimentos, sin que eso implique una transformación material de las condiciones de vida. La actualización de los precios de los alimentos frente a tarifas y servicios que no se ajustan de la misma manera puede generar una reducción estadística, pero no resuelve las privaciones de al menos un tercio de la sociedad.
Entre las causas del empeoramiento en la primera mitad del año, los especialistas identifican la caída de los ingresos disponibles frente al encarecimiento de servicios públicos y tarifas reguladas por el Estado nacional y las administraciones provinciales, como transporte, electricidad, agua y gas. A eso se suma la expansión de modalidades laborales más precarias, como el trabajo informal, las ocupaciones de pocas horas, las changas y los repartos a domicilio.
El cuadro vuelve a poner en el centro el peso de las tarifas reguladas y la precarización laboral sobre el bolsillo familiar. Cuando esos precios suben, el ingreso disponible de los hogares se comprime y la pobreza vuelve a avanzar.
Con información de: El Ciudadano y datos de Indec.
Comentarios (10)
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Los números son duros: 34,4% de pobreza y 8% de indigencia no se resuelven con discursos. Hay que mirar tarifas, empleo y productividad.
Marcelo, justo. Si el Estado regula tarifas y no genera empleo, el ingreso disponible sigue cayendo.
Me preocupa que suba la indigencia a 8%. En mi barrio se nota: gas, agua y transporte se comen el sueldo.
Exacto, Silvia. Las tarifas reguladas también golpean. El Estado no puede seguir ajustando precios y dejar al trabajador en la calle.
Al menos la inflación desaceleró. Si baja el precio relativo de los alimentos, los indicadores pueden mejorar, aunque no resuelve todo.
Ojo, Jorge: Salvia lo dice, puede bajar el número sin transformar las condiciones materiales. No confundas estadística con vida real.
La precarización laboral es el otro lado: changas, repartos y pocas horas. Sin trabajo formal no hay salida.
Concuerdo, Diego. El 30% de núcleo estructural que menciona Salvia muestra que esto no es un bache puntual.
Espero que los datos obliguen a discutir empleo, productividad y servicios. No alcanza con lamentarse.
Los datos de Indec vuelven a mostrar que la pobreza no es un tema menor: afecta a más de 10 millones en la población urbana encuestada.