Jueces porteños rechazan juicio político contra De Marinis

Lo que empezó como un fallo judicial en un caso concreto terminó convertido en un conflicto institucional de alto voltaje. Casi un centenar de jueces porteños salió a respaldar a la magistrada Laura De Marinis después de que el jefe de gobierno, Jorge Macri, impulsara un juicio político contra ella.

El comunicado fue firmado por 91 jueces y juezas de la Ciudad de Buenos Aires y expresa el rechazo a la decisión del Ejecutivo porteño. Para los firmantes, pedir un juicio político por desacuerdo con una sentencia agravia la independencia judicial y constituye una intromisión del poder político en el poder judicial.

El origen del conflicto está en un caso penal juvenil: un adolescente de 14 años fue denunciado por un hombre de 47 años por una tentativa de robo de teléfono celular. El fiscal pidió el sobreseimiento y De Marinis lo aceptó, pero con un giro: declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.801 para ese caso concreto.

La magistrada no tumbó toda la ley penal juvenil, sino que aplicó un control de constitucionalidad sobre un artículo específico. Según el comunicado, consideró que ese régimen resultaba regresivo, desproporcionado y estigmatizante para un adolescente en situación de desamparo. El texto también subrayó que la decisión fue promovida por el Ministerio Público de la Defensa y apoyada por el Ministerio Público Tutelar.

El comunicado advierte que el sistema judicial ya funcionó: la decisión fue apelada por el Ministerio Público. Por eso, los firmantes sostienen que el gobierno porteño debió respetar el fallo en el marco del Estado de Derecho. En cambio, calificaron la presentación de juicio político como una respuesta al contenido de la sentencia, no como un procedimiento institucional normal.

El cierre del texto es duro: rechazo a la intromisión y al acoso del Poder Ejecutivo, y un pedido a las autoridades públicas para actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho. La disputa no es solo por un fallo, sino por el límite entre el desacuerdo político y el ataque a la independencia judicial.

El caso concreto muestra la fricción entre el sistema de protección integral y la reducción de la edad de punibilidad. El adolescente fue detenido por la Policía de la Ciudad, pero el delito no llegó a concretarse. Ese detalle importa porque el comunicado busca mostrar que la jueza no inventó un criterio aislado, sino que actuó sobre un pedido fiscal y con adhesión de la defensa.

La ley 27.801, impulsada por el gobierno de Javier Milei con respaldo del PRO y demás aliados, modificó la baja de imputabilidad. El comunicado no discute la existencia de la norma, sino la forma en que el Ejecutivo porteño respondió a un fallo que la declaró inconstitucional en un caso puntual. Ahí está el nudo: no es un debate abstracto, es una reacción política contra una decisión judicial.

La firma de 91 jueces no significa que todos compartan el fondo del fallo. El propio texto aclara que el respaldo es a la magistrada, no necesariamente a su decisión. Esa distinción es importante: los firmantes defienden el control de constitucionalidad como herramienta del Estado de Derecho, aunque puedan discrepar con el resultado en el caso concreto.

El mensaje final apunta a las autoridades públicas: actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho. En un país donde los fallos judiciales suelen encender la bronca política, este comunicado busca marcar una línea: el desacuerdo no puede convertirse en acoso contra quien ejerce una función constitucional.