La Cámara de Casación ordenó este viernes ejecutar los bienes de Cristina Kirchner para cubrir el monto de la condena en la causa Vialidad, donde fue sentenciada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La cifra que debe cubrir asciende a $684.990.350.139,86.
En el primer listado figuran veinte inmuebles que incluyen terrenos, departamentos, un hotel boutique y casas. Todos estos bienes pasarán a manos de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la responsabilidad de establecer su destino final tras el fallo de Casación.
Los magistrados de la Sala IV de Casación fueron contundentes: el decomiso es la respuesta penal frente a hechos de corrupción y no puede limitarse al valor simbólico de la condena. "La pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito", sostuvieron.
Pero Cristina no es la única apuntada. También ejecutarán más de 80 bienes que pertenecen a Lázaro Báez, el empresario santacruceño condenado junto a la expresidenta. El Tribunal determinó que entre ambos existió una "interconexión económica" en la que se beneficiaron mutuamente con la maniobra de corrupción.
¿Qué va a pasar con todo este patrimonio? La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial y titular de los fondos recuperados, quedará a cargo de administrar estos bienes. En una acción reparadora, podrá destinar los inmuebles a los damnificados directos o indirectos de los hechos de corrupción.
Los jueces fueron claros en su fundamentación: la ejecución del decomiso "resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales".
El Estado, remarcaron, debe asegurar que el delito no conserve "eficacia económica residual". Una forma elegante de decir que no puede quedar todo en la nada después de tanto escándalo y tanta plata que se fue por el desagüe.
La Corte también podrá contemplar la asignación de los recursos decomisados "en favor de la ciudadanía santacruceña", particularmente respecto de aquellos bienes localizados en esa provincia y directamente vinculados con las obras viales que dieron origen a toda esta causa.
Ahora queda esperar cómo sigue esta historia. Porque una cosa es ordenar la ejecución y otra muy distinta es que efectivamente se concrete. Pero por lo pronto, la Justicia mandó una señal clara: la corrupción tiene precio, y ese precio se paga con el patrimonio.
Con información de: La Capital, Clarín.
Comentarios (12)
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Era hora que paguen por todo lo que se robaron. Ojalá ahora sí se concrete y no quede todo en la nada como siempre.
Persecución política pura. Con Macri y sus offshores no hicieron ni la mitad de quilombo.
@LaFlaca33 No es persecución cuando hay condena firme. Los tribunales fallaron, punto.
@El Tano Tribunales manejados por el poder de turno. Esto es lawfare en estado puro.
684 mil millones de pesos... ¿se dan cuenta la magnitud de lo que se chorearon? Y después hablan de justicia social.
Que los bienes vayan a los santacruceños me parece perfecto. Ellos fueron los más perjudicados con estas obras truchas.
Un hotel boutique tenía la señora... mientras la gente no llega a fin de mes. Que se jodan.
Lo que me da bronca es que seguramente van a apelar hasta el infinito y nunca van a perder nada real.
@Rosarino indignado Tal cual, van a apelar hasta que se mueran de viejos. El sistema judicial argentino es una joda.
Báez también pierde 80 propiedades. Ese tipo era un albañil que terminó millonario de la noche a la mañana.
Ojalá que con esa plata hagan hospitales y escuelas de verdad, no como las porquerías que hacían antes.