La causa contra Manuel Adorni dio un giro judicial: el fiscal Gerardo Pollicita pidió que deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
El dictamen sostiene que no pudo descartarse que el capital cuestionado hubiera sido obtenido antes de la llegada del funcionario al Poder Ejecutivo. No se trata de un sobreseimiento, pero la fiscalía pidió investigar apenas una posible evasión tributaria y puso en duda el delito más grave de que se lo acusa.
La Fiscalía sostuvo que la prueba reunida no permite mantener la hipótesis de que Adorni se enriqueció de forma injustificada durante su función pública. Aun así, aclara que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años.
El expediente se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El dictamen de Pollicita debe ser analizado por el juez Ariel Lijo. La investigación debía revisar el patrimonio entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
Entre las justificaciones del ex vocero, hay una que suena a película: “Me encontré con un anónimo que conocí en internet, me entregó 270.000 dólares en efectivo y los guardé en el colchón como si no existieran hasta 2024”.
La Fiscalía había detectado erogaciones por 402.578,12 dólares, de las cuales 374.081,66 fueron abonados en efectivo. También relevó una diferencia de 43.068.549 pesos entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período bajo análisis.
Entre los desembolsos figuraban pagos por un lote en Country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, una parte de esas operaciones se efectuó fuera del sistema bancario o mediante terceros.
La defensa explicó el origen de los fondos con una inversión previa en Bitcoin. Afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras alcanzaron cerca de 200.000 dólares y que la liquidación produjo 591.544,61 dólares.
Para Pollicita, ese descargo no pudo ser refutado con los elementos disponibles. La clave jurídica es que el enriquecimiento ilícito exige que el incremento apreciable e injustificado se produzca después de la asunción de un cargo público. En este caso, la hipótesis de la defensa coloca el origen de los fondos años antes de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como vocero presidencial.
El fiscal remarcó que la investigación no logró vincular el dinero cuestionado con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. La Fiscalía dispuso una verificación criptográfica de las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa.
La prueba técnica no permitió reconstruir con certeza las contrapartes, el lugar y las condiciones de todas las operaciones virtuales, unos 41 movimientos. Para la Fiscalía, la información disponible impide corroborar de forma definitiva el relato de Adorni, pero tampoco permite desacreditarlo.
El dictamen reconstruye los ingresos formales de Adorni y de su esposa. Según registros de Ansés y Arca, las remuneraciones acumuladas alcanzaron aproximadamente 335.000 dólares hasta 2014 y unos 493.000 hasta 2018.
Los registros cambiarios consignaron compras conjuntas por 60.983 dólares entre 2011 y 2014. Si se incluye 2015, el total asciende a 83.472 dólares.
Comentarios (12)
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Otro caso donde el fiscal baja la mano. Si no se pudo comprobar, que investiguen la evasión, pero no se puede dejar pasar.
No es bajar la mano, es que no hay prueba de enriquecimiento. Otra cosa es la evasión.
Si no queda en nada, ahí sí que hubo mano. Que el juez Lijo defina.
Lo que me llama la atención es la cifra de 43.068.549 pesos de diferencia. Eso no es poca cosa.
Eso mismo, los registros cambiarios tampoco alcanzan para justificar todo.
¿Alguien entiende bien qué es la diferencia entre enriquecimiento ilícito y evasión tributaria?
Enriquecimiento ilícito es cuando aumentás patrimonio sin justificar después de asumir. Evasión es no declarar ingresos. Acá el fiscal dice que no se pudo probar el primero.
Bitcoin, colchón, anónimos... cada vez más raro. Que expliquen los 41 movimientos.
Y si no se pudo reconstruir todo, que no signifique que está limpio.
La denuncia la hizo Marcela Pagano. Ojalá la Justicia Penal Económica no la deje en el tintero.
Esperemos que la Justicia Penal Económica haga su trabajo. No todo es enriquecimiento ilícito.
Me parece bien que se haya hecho la verificación criptográfica. Al menos se intentó.