El reloj de Algodonera Avellaneda sigue corriendo, pero ahora contra los 243 trabajadores que dependen de las plantas de Reconquista.
La Sindicatura judicial pidió que se cierren las plantas productivas y se concluya la vinculación laboral con todos los empleados. El argumento central es que cada día de continuidad genera gastos del concurso que se pagan con preferencia y que, en definitiva, soporta la masa de acreedores, empezando por los propios trabajadores.
El planteo se apoya en un cuadro económico que, según el informe, ya no permite sostener la producción y deja a la empresa al borde de un cese total de actividades. La recomendación alcanza a la hilandería de Reconquista y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco.
La recomendación no se limita a un solo frente productivo. Incluye la hilandería de Reconquista y las desmotadoras ubicadas en Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. Ese alcance territorial explica la magnitud del impacto laboral y la complejidad de una eventual resolución de cierre.
Según medios locales, el pedido fue presentado ante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, quien deberá resolver si autoriza la continuidad de las operaciones o dispone el cierre total. La empresa había sido declarada en quiebra el 14 de octubre pasado, después de que fracasaran las negociaciones con acreedores y no aparecieran interesados en el salvataje.
En ese momento, la Justicia había permitido una continuidad transitoria para preservar empleos y facilitar la venta de las plantas en funcionamiento. Sin embargo, la sindicatura, integrada por María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono, cambió su posición después de analizar los costos de producción y las posibilidades de sostener las operaciones.
El informe sostiene que la situación económica ya no permite sostener la producción. Esa conclusión pesa porque la continuidad transitoria fue otorgada para preservar empleos y facilitar la venta de las plantas. Ahora, la sindicatura plantea que mantener la actividad solo agrava los costos que luego deben responder los acreedores, incluidos los trabajadores.
Uno de los aspectos más delicados del pedido es su impacto sobre el empleo. Según el informe, la medida alcanzaría a 243 trabajadores: 204 en Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo. En las últimas horas, la sindicatura solicitó que, una vez finalizados los trabajos que están en marcha, se extingan los contratos laborales por causa de la quiebra.
También pidió que se adopten las medidas necesarias para que los empleados puedan acceder a las prestaciones por desempleo y reclamar el cobro de sus créditos laborales. La decisión queda ahora en manos del juez, que deberá sopesar el costo de mantener la actividad frente a la urgencia de cerrar una quiebra que ya agotó la continuidad transitoria.
Comentarios (10)
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Me duele por los 243, pero si cada día de quiebra genera gastos con preferencia, la decisión del juez va a ser complicada.
No es que le saque plata a la masa, es que los gastos corren con preferencia y terminan perjudicando a los mismos trabajadores.
Ojalá que al menos puedan cobrar sus créditos laborales y acceder al seguro de desempleo. Eso es lo mínimo.
¿Y nadie se animó a comprar las plantas? Parece que el salvataje nunca existió.
Por eso digo que la continuidad transitoria sirvió para algo: al menos se intentó vender. Ahora hay que ver qué resuelve Lorenzini.
204 en Reconquista es mucho. Espero que no se quede la gente sin trabajo y sin respuesta.
La sindicatura cambió de posición después de analizar costos. Eso habla de que no había margen.
Me parece mal que la empresa haya llegado a quiebra y ahora los que pagan sean los empleados.
Si no aparecieron interesados, el cierre va a ser lo más probable. Ojalá que el juez ordene todo rápido para que cobren.
Rápido no, porque hay que liquidar y repartir. Pero sí que no se dilate más la incertidumbre.