Piden detener a Caputo y Bausilli por oro del Banco Central

Lo que se juega en esta causa no es solo un número contable: es la administración de las reservas de oro del Banco Central. El abogado Gregorio Dalbon pidió la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

El planteo surge de una ampliación de denuncia penal y apunta a evitar un eventual entorpecimiento de la investigación. Como alternativa, el letrado solicitó prohibición de salir del país, limitación de comunicaciones y presentaciones periódicas ante la Justicia.

La presentación llegó después de que la Auditoría General de la Nación aprobara el informe sobre los estados contables del BCRA correspondientes a 2025. El documento consignó que las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de $1,469 billones, equivalentes a US$1.023 millones, con egresos de divisas.

El informe emitió una opinión favorable sin salvedades sobre los estados contables, aunque incorporó un párrafo específico sobre estas operaciones. Además, registró una ganancia por diferencias de cotización de la tenencia de oro de $8,002 billones durante el mismo ejercicio.

Dalbon sostuvo que hay que determinar quiénes decidieron, autorizaron y ejecutaron las operaciones, cuál fue su justificación económica y si se respetaron los deberes legales de los funcionarios responsables de administrar las reservas internacionales. El punto central es la estructura de los instrumentos financieros utilizados.

La estrategia habría consistido en un mecanismo conocido como collar, que combina la compra de una opción para establecer un piso de precio con la venta de otra para fijar un techo. De esa manera, una suba del oro por encima del límite pactado puede generar pagos a cargo de quien vendió la opción.

Dalbon advirtió que esa descripción todavía debe ser confirmada mediante los contratos y la documentación oficial. También pidió esclarecer por qué el resultado negativo de las opciones, de US$960,2 millones, superó ampliamente las primas registradas, que ascendieron a US$62,8 millones.

La denuncia reclama analizar las operaciones más allá de la denominación de cobertura utilizada por el Banco Central. En particular, pide determinar qué riesgos se buscaba cubrir, cuáles fueron las contrapartes financieras y qué funcionarios participaron en las decisiones.

Respecto de Caputo, el abogado pidió establecer si el ministro intervino, coordinó o impartió instrucciones sobre la estrategia de administración del oro. En cuanto a Bausili, solicitó investigar si propuso, autorizó o ejecutó las operaciones. Para Curutchet, reclamó esclarecer su eventual participación en las decisiones del directorio.

Dalbon argumentó que los funcionarios tienen acceso a documentación relevante para la causa y autoridad sobre áreas cuyos integrantes podrían ser convocados como testigos. A partir de esa situación, sostuvo que existe riesgo de que la prueba sea ocultada, modificada o suprimida.

Además de las detenciones, solicitó requerir a la AGN y al BCRA los informes de auditoría, contratos, actas de directorio, registros de liquidaciones, comprobantes de egresos de divisas y comunicaciones vinculadas con las operaciones. También pidió preservar los registros electrónicos y realizar una pericia contable para determinar la estructura de los instrumentos y la existencia de un eventual perjuicio patrimonial para el Estado.

La Justicia deberá evaluar el pedido. Hasta entonces, la pregunta que queda en el aire es una sola: ¿quién firmó, quién decidió y quién respondió por el manejo del oro del país?