El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a cuestionar el sistema de pensiones por invalidez y afirmó que aproximadamente el 60% son truchas. Lo hizo en una publicación en X, donde apuntó contra dirigentes políticos por presuntas irregularidades en certificados de discapacidad.
“Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”, sostuvo Caputo. También criticó al Congreso por, según dijo, obstaculizar los intentos del Gobierno de revisar y dar de baja prestaciones que considera irregulares.
El funcionario afirmó que el Poder Legislativo no solo busca trabar esas medidas, sino que además pretende duplicar las pensiones existentes. “Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra”, expresó, y advirtió que las prestaciones presuntamente fraudulentas afectan los recursos disponibles para quienes necesitan asistencia.
“Lógicamente, como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre”, manifestó Caputo. Por último, calificó al sistema como una de las mayores estafas-para-los-duenos-de-la-ag.html" class="auto-link">estafas.html" class="auto-link">estafas de la política nacional de los últimos 20 años.
Las declaraciones se conocieron después de que el Gobierno remitiera al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. La iniciativa busca establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, además de avanzar en una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
El proyecto se inscribe en la política oficial de revisión de estas prestaciones, un tema que genera controversias entre el Ejecutivo y sectores de la oposición por el alcance de los controles y el impacto que pueden tener sobre las personas con discapacidad.
Las palabras de Caputo también se produjeron después de que trascendiera una denuncia vinculada con Romina Uhrig, exdiputada nacional y exparticipante del programa Gran Hermano. Según las informaciones difundidas, Uhrig cuenta con un certificado de discapacidad emitido en 2018.
El documento, según las informaciones, fue emitido cuando su entonces pareja, Walter Festa, se desempeñaba como intendente de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. El certificado tendría vencimiento en 2028. La información se sumó a la discusión pública sobre el otorgamiento de prestaciones por invalidez y los controles sobre el sistema.
No obstante, la existencia de un certificado de discapacidad, por sí sola, no demuestra que haya habido fraude o una irregularidad en su emisión.
Con información de Rosario3, el debate continúa en torno a la revisión de pensiones por invalidez y a los controles del sistema.
Comentarios (10)
Deja tu comentario
Por fin se nombra lo que se veía en municipios: certificados para amigos, primos y conocidos. Ojalá el proyecto contra el fraude pase y no lo bloqueen.
Banco que se revise, pero con transparencia. Que se publique quién emitió cada certificado y con qué criterio.
Ojo, no todo certificado es trucha. Hay personas con discapacidad que dependen de esa prestación y no hay que mezclar a todos.
De acuerdo, pero si el 60% es trucha, los recursos se van para afuera. No se trata de quitarle a todos, sino de revisar.
Revisar no es lo mismo que dar de baja sin criterio. Hay que proteger a los que realmente necesitan la prestación.
El 60% es una cifra fuerte, pero si el Congreso quiere duplicar pensiones, ahí está la casta. Menos política y más control.
Lo de Romina Uhrig no demuestra nada, pero sirve para que se auditen los certificados de Moreno.
Caputo habla fuerte, pero el Congreso también tiene su parte. Si quieren bajar pensiones, que no las dupliquen después.
Exacto, que no sea un juego político. Si hay fraude, que lo paguen los responsables, no los que dependen de la pensión.
Me preocupa que se hable de estafa y se termine castigando a personas con discapacidad. Hay que separar el fraude de la necesidad.