La sesión arrancó tarde y quedó sin dictamen. La Cámara de Diputados de Santa Fe no logró avanzar este jueves con el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
La sesión había sido convocada para las 10 con tratamiento preferencial, pero comenzó cerca de las 16 y rápidamente pasó a cuarto intermedio. El oficialismo resolvió postergar por una semana el tratamiento del proyecto «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», la iniciativa más resistida de los tres mensajes enviados por el Ejecutivo.
El diputado Emiliano Peralta, del bloque Somos Vida, confirmó la postergación y explicó que no se alcanzó ningún acuerdo: “En el día de hoy, pese a que el proyecto tenía una preferencia acordada para su tratamiento, no hay dictamen, no se ha logrado ningún consenso dentro del interbloque Unidos ni tampoco con la oposición”.
Una opción es que el proyecto se discuta el 5 de noviembre, aunque también hay chances de que pase a la sesión del 19.
El obstáculo central fueron las diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, especialmente entre radicales y socialistas. Desde el socialismo persistían los reparos en avanzar con mayores facultades para las fuerzas de seguridad, mientras que desde el radicalismo se ofrecían alternativas de redacción que no fueron suficientes.
Los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni habían estado el miércoles dos horas en la sala Miguel Lifschitz respaldando el texto original del Ejecutivo, pero ese respaldo no alcanzó para unificar posiciones.
Desde el peronismo, la diputada Lucila De Ponti también vinculó la postergación a la falta de acuerdo interno y cuestionó el contenido de la reforma: “No hay acuerdo en el oficialismo por el nivel de tensión que genera la gravedad de las disposiciones que están incluidas en esta ley”.
Según la mirada del peronismo, varios artículos son inconstitucionales y podrían ser impugnados ante la Corte Suprema provincial y de la Nación.
A diferencia del proyecto de «Herramientas», la Cámara sí avanzó con otros dos mensajes del Ejecutivo. Se aprobó la ley de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos y la modificación del artículo 21 bis de la ley N° 13.014 del Servicio Público de la Defensa Penal.
El proyecto aprobado crea un registro provincial de comerciantes de telefonía celular: quienes se dediquen a la compraventa, canje o reparación de equipos usados deben registrarse obligatoriamente y consignar en cada operación el código IMEI, marca, modelo y datos del vendedor, para que las autoridades puedan rastrear el origen de los equipos.
Al mismo tiempo, se faculta a la policía para inspeccionar en la calle el IMEI de los teléfonos de los ciudadanos, con el fin de detectar equipos robados o con números alterados. Este aspecto de la norma fue lo que más críticas generó en todo el arco opositor.
El gobernador Pullaro había defendido el paquete este miércoles. Tras un acto de ascensos del Servicio Penitenciario, respondió a quienes califican de inconstitucional la reforma: “Que estudien la Constitución”. Y agregó: “Yo no voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional”.
El mandatario Pullaro apuntó sus críticas contra la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, a la que acusó de tener un solo objetivo: “defender a los delincuentes que hace tres años mandaban a matar, a extorsionar y les pagaban sus honorarios”.
Volvió a instalar las expresiones “garantismo bobo” y “justicia ingenua”, y sostuvo que “durante mucho tiempo se romantizó el delito en Santa Fe y en la República Argentina”.
El gobernador Pullaro, respecto de las observaciones de la Corte Suprema provincial, minimizó las diferencias: “Se está planteando medir algunas garantías y lo vamos a hacer”.
Comentarios (10)
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Me preocupa que la policía inspeccione el IMEI en la calle. Sin controles claros, puede volverse una herramienta de abuso.
Totalmente de acuerdo. La seguridad no puede justificarse cualquier facultad. Hay que ver qué pasa con los datos.
¿Y los robos de celulares? Si no se puede rastrear, cómo se investiga? Hay que equilibrar.
Equilibrar no es lo mismo que dar facultades sin límite. La ley tiene que decir quién puede, cuándo y con qué control.
Que se postergue no es malo. Mejor que se discuta bien antes de aprobar algo que después se impugne.
Ojalá. Pero el gobernador ya dijo que estudien la Constitución. Eso no da tranquilidad.
El registro de celulares puede servir, pero la parte de inspección en la calle me parece la más riesgosa.
Igual, si no hay registro, el mercado ilegal sigue. Al menos hay un punto de partida.
Lo que me quedó claro es que la pelea no es solo con la oposición, sino dentro del propio oficialismo. Eso complica todo.
Me parece bien que se avance con la modificación de la Defensa Penal. Hay que agilizar la justicia.