Rosario: Concejo debate legalizar Uber y DiDi

El Concejo Municipal de Rosario vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la ciudad: la legalización de aplicaciones de transporte como Uber y DiDi. El proyecto, impulsado por el oficialismo municipal, busca dar un marco formal a un servicio que ya funciona en la calle y que necesita reglas claras para operar con seguridad, control y previsibilidad.

La discusión no es menor. En una ciudad donde el transporte público es una de las principales formas de moverse, regularizar las apps implica definir qué lugar ocupan frente al servicio público, cómo se controlan las tarifas, qué obligaciones tienen los conductores y cómo se evita que el servicio se convierta en una competencia desordenada. Ahí aparece el punto más incómodo: si se legaliza, ¿se protege al usuario o se termina premiando la informalidad?

En ese marco, la presidenta de la comisión, Anahí Schibelbein, se sumó a la discusión y defendió el sistema de transporte rosarino. Su intervención llega en un momento clave, porque el proyecto de legalización suele presentarse con una justificación simple: el transporte público no funciona bien. Schibelbein, en cambio, apeló a la Encuesta Permanente de Satisfacción de Pasajeros para sostener que esa crítica no se ajusta a la realidad.

El uso de la encuesta es un dato político importante. No se trata solo de opinar sobre si el transporte público anda bien o mal, sino de poner datos medibles frente a una percepción que puede estar influida por experiencias puntuales, picos de demanda o fallos operativos. En un debate donde los pasajeros reclaman un servicio más confiable, la pregunta central es si la solución pasa por ampliar la oferta de apps o por mejorar el servicio público que ya existe.

Para el oficialismo municipal, legalizar Uber y DiDi puede ser una manera de ordenar un mercado que ya existe y de incorporar a los conductores a un régimen de control. Para quienes lo cuestionan, el riesgo es que la regulación termine siendo un aval para una competencia que presiona al transporte público. La tensión está en el equilibrio: ¿se busca complementar el servicio, reemplazarlo, o simplemente regular lo que ya ocurre en la calle?

El debate también tiene una lectura económica. En una ciudad donde el costo de moverse pesa en el bolsillo de los trabajadores, las apps pueden ofrecer una alternativa más flexible, sobre todo en horarios o recorridos donde el servicio público resulta insuficiente. Pero esa flexibilidad no puede convertirse en una excusa para desregular el sistema: si se legaliza, el Estado debe exigir seguridad, control y responsabilidad frente a los usuarios.

La decisión final no será solo técnica. Será política. Quien apruebe la legalización deberá explicar cómo se protege al pasajero, cómo se fiscaliza al conductor y cómo se evita que el nuevo marco termine favoreciendo a los más fuertes del mercado. Y quien la rechace deberá responder por qué se prefiere mantener un servicio informal cuando los usuarios ya lo usan. En Rosario, el Concejo tiene la oportunidad de dejar un precedente claro: regular no es prohibir, pero tampoco es avalar cualquier cosa.