Lo que pasó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario no es una noticia menor: seis hombres acusados de matar a un interno dentro de una cárcel provincial, con una fiscalía que pedía prisión perpetua para cada uno, se fueron en libertad. El tribunal entendió que las pruebas no alcanzaban. El beneficio de la duda hizo su trabajo, y la muerte de Gustavo Rodolfo "Bocha" Figueroa quedó, al menos judicialmente, sin responsables.
El veredicto fue firmado por las juezas Hebe Marcogliese, Lorena Aronne y Eleonora Verón, quienes absolvieron a los seis imputados: el rosarino Alan Estrella (27 años), los venadenses Mauricio Galván (32), Diego Frua (35), Fabricio Monsalvo (38) y Joan González (34), más Marcelo Salomón Nazra (53), oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires. Todos habían llegado al banquillo como coautores de homicidio calificado con premeditación, en concurso con tentativa de homicidio.
La fiscal Noelia Navone había construido una hipótesis detallada: el ataque fue coordinado, con un plan previo. Según la acusación, el 17 de octubre de 2023 en el pabellón 17 de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, los imputados arremetieron primero contra siete internos cercanos a Figueroa para neutralizar cualquier reacción. "Bocha" intentó refugiarse en una celda. No le alcanzó. Derribaron la puerta, lo apuñalaron, lo sacaron al pasillo y lo golpearon con un elemento contundente. La autopsia fue clara: murió por un taponamiento cardíaco provocado por una herida de arma blanca.
Sin embargo, el tribunal concluyó que las pruebas producidas en el debate no llegaban al grado de certeza necesario para condenar. Y absolvió. Así de simple, así de contundente.
¿Quiénes eran estos seis hombres? No precisamente vecinos sin antecedentes. Mauricio Galván y Diego Frua cumplen condenas de la Justicia Federal por integrar una organización narcocriminal vinculada al venadense Nahuel Avelino, uno de los nombres que resonó fuerte en las investigaciones sobre narcotráfico en el sur provincial. Alan Estrella, por su parte, ya había sido condenado a nueve años de prisión por integrar Los Gorditos, la banda que operó en Villa Flammarion. El perfil del grupo no era el de presos comunes.
La historia de la víctima tampoco era sencilla. "Bocha" Figueroa estaba preso desde 2020, condenado por la Justicia Federal a cinco años como partícipe secundario del secuestro extorsivo del empresario gitano Colián Miguel, ocurrido en 2018. Era señalado como integrante de Los Cuatreros, de Cabín 9 y Pérez, con vínculos con Los Monos. Había sido delegado del pabellón junto a Rodrigo Rígoli, hasta que a comienzos de 2023 ambos fueron trasladados a Coronda.
Rígoli nunca volvió. En abril de 2023 apareció muerto en su celda en Coronda, en un episodio presentado como suicidio pero que dejó más preguntas que respuestas. Figueroa regresó a Piñero solo, a un pabellón donde el clima había cambiado y donde, según fuentes de la investigación, enfrentaba desafíos constantes de otros internos. Meses después, lo mataron.
La historia familiar de Figueroa tiene un capítulo que hiela la sangre. Un mes después de su detención en 2020, su sobrino Cristian Enrique fue secuestrado por falsos policías en Cabín 9. Veinte días más tarde apareció asesinado en un zanjón de la ruta 14, en jurisdicción de Soldini. Antes del hallazgo, la madre del joven recibió un llamado con un mensaje que no dejaba lugar a interpretaciones: «Decile al Bocha que se cuide con lo que dice porque con la mafia no se jode».
Esa frase, pronunciada años antes de su muerte, parece hoy una advertencia que se cumplió a medias. Figueroa siguió preso, siguió en el sistema, y terminó muerto dentro de una cárcel del Estado. Seis hombres llegaron a juicio por eso. Y este viernes, los seis se fueron libres.
La pregunta que queda flotando no es solo jurídica: ¿qué pasa dentro de los pabellones de Piñero cuando las cámaras no graban y los testigos no hablan? El beneficio de la duda es un principio sagrado del derecho penal. Pero cuando se aplica una y otra vez en crímenes cometidos dentro de cárceles, algo más que las pruebas falla.
Comentarios (13)
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El beneficio de la duda es un principio fundamental del derecho, no lo podemos tirar por la ventana porque el caso nos indigna. Si las pruebas no alcanzaban, el tribunal hizo lo que tenía que hacer. Otra cosa es preguntarse por qué no había pruebas suficientes en un crimen cometido adentro de una cárcel del Estado.
Roberto, con todo respeto, el problema no es el principio jurídico. El problema es que en las cárceles argentinas los crímenes son casi imposibles de probar porque nadie habla. El código del silencio es más fuerte que cualquier fiscal. Y eso es una falla del sistema, no del tribunal.
¿Adentro de una cárcel, con guardias, cámaras y todo el aparato del Estado, y no hay pruebas? Pará, pará. Algo no cierra. O las cámaras no funcionaban, o nadie vio nada, o alguien hizo desaparecer algo. Esto no es casualidad.
Che Rosarino indignado, las cámaras en los pabellones de Piñero son un chiste. Hay zonas que no tienen cobertura, y cuando hay incidentes 'casualmente' fallan. No es novedad, eso lo sabe cualquiera que haya trabajado cerca del sistema penitenciario.
Lo del sobrino que apareció muerto en el zanjón de la ruta 14 me partió el alma. Una familia destruida, y al final nadie paga nada. Ni por el sobrino, ni por él. Así estamos.
Tipos con condenas por narcotráfico, vinculados a bandas conocidas, y se van libres por un crimen cometido adentro de la cárcel. Mientras tanto el Estado sigue pagando su estadía. Genial el sistema.
Marcelo, ¿y qué querés que haga el tribunal? ¿Condenar sin pruebas para que quedes contento vos? Eso se llama condena arbitraria y es peor que la absolución. El problema es anterior al juicio.
Negro, nadie dijo eso. Dije que el sistema falla. Que un crimen cometido adentro de una cárcel no tenga pruebas suficientes para condenar a nadie es una vergüenza institucional, no un triunfo de la justicia.
Me pregunto qué siente la familia de Figueroa hoy. Sí, era un delincuente, pero era una persona. Y lo mataron adentro de una cárcel donde el Estado tenía la obligación de cuidarlo. Eso también es una responsabilidad que nadie asume.
jajaja el sistema penitenciario argentino es una joda, se matan entre ellos y nadie ve nada, nadie sabe nada. Y después nos sorprendemos que salgan peores de lo que entraron
Hay que separar dos cosas: que sean delincuentes no significa que se los pueda matar impunemente. El Estado tiene que garantizar la vida de los presos. Si no puede hacerlo ni siquiera dentro de sus propias cárceles, el problema es mucho más grave que este juicio.
Lo de Rígoli también quedó sin resolver, presentado como suicidio y punto. Parece que adentro de las cárceles santafesinas se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Dos casos en el mismo círculo y cero condenas.
Buen artículo, bien documentado. Falta preguntarle al Servicio Penitenciario Provincial qué pasó con las cámaras ese día y por qué no hubo testimonios internos. Esas son las preguntas que nadie hace.