El juez federal Martínez de Giorgi cerró la puerta a la causa $Libra y sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei por inexistencia de delito.
La resolución, de unas 60 páginas, se apoya en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación y llega después de un pedido de fiscal Eduardo Taiano.
El fallo desestima los tres delitos investigados: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Para el tribunal, la secuencia de suba y caída del criptoactivo no alcanza para configurar una maniobra fraudulenta.
En el caso de Javier Milei, el juzgado consideró que la publicación en X no fue un acto institucional ni usó recursos públicos. Tampoco se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vinculen la función pública con la iniciativa privada.
Respecto de Karina Milei, la Oficina Anticorrupción descartó violaciones a la Ley de Ética Pública y los peritajes DATIP no confirmaron pagos ni dádivas a cambio de reuniones con empresarios extranjeros.
La causa arrancó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió el proyecto Viva la Libertad Project y el token pasó de valores cercanos a un centavo de dólar a aproximadamente cinco dólares antes de desplomarse.
Las denuncias señalaban que un grupo reducido de tenedores habría retirado alrededor de USD 100 millones, mientras inversores afirmaban haber sufrido pérdidas económicas. El juez, en cambio, sostuvo que no se acreditó una afirmación falsa específica que hubiera determinado la compra.
El sobreseimiento alcanza a once imputados, entre ellos Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis y Chyi Haur Peh, y ordena archivar la causa una vez firme.
La decisión no está firme: las querellas fueron excluidas y queda pendiente un recurso de queja directa ante la Cámara Federal de Casación. Hasta entonces, el expediente sigue abierto y la resolución puede ser revisada.
Durante la instrucción se realizaron allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos y análisis de operaciones con criptomonedas. También se solicitaron datos a organismos públicos, empresas privadas y autoridades de Estados Unidos.
El fiscal Eduardo Taiano evaluó documentación, movimientos financieros, comunicaciones y peritajes digitales antes de pedir cerrar la investigación. Para el juez, esa petición fue fundada y no existe una acusación autónoma que justifique continuar el proceso.
La resolución también descarta que las referencias en notas digitales sin firmar o menciones periodísticas constituyan una prueba objetiva de un intercambio ilícito. El magistrado destacó que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los involucrados.
El expediente investigó la promoción del token por parte de Milei mediante una publicación en X y el posterior desplome del criptoactivo. La causa se originó por denuncias vinculadas al lanzamiento del 14 de febrero de 2025.
Con el cierre, la Justicia federal dejó en claro que una pérdida económica en un mercado de alta volatilidad no equivale, por sí sola, a la comisión de un delito. La pelota quedó en la Cámara Federal de Casación.
El sobreseimiento fue adoptado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Martínez de Giorgi, y se fundamenta en la inexistencia de delito. La decisión incluye a los once imputados y ordena comunicar y archivar la causa cuando quede firme.
El fallo también precisó que el token $Libra operó dentro de un mercado especulativo y volátil, sin garantías de rentabilidad ni maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados. Esa distinción fue central para descartar la estafa.
Con información de: El Ciudadano, La Capital, Rosario3 y Conclusion.
Comentarios (10)
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No me parece raro: si el mercado es volátil, no puede ser delito que un token caiga. Lo que sí me preocupa es que el presidente use su cuenta para promover un activo.
Acá no es solo volatilidad, es que el jefe de Estado sacó un tuit y la gente compró. Eso no es un acto institucional?
Si la Justicia dijo que no hubo engaño concreto, hay que bancar el fallo. No todo lo que baja es una estafa.
Me quedo con la duda de los USD 100 millones que habrían retirado un grupo reducido. Eso no se explica fácil.
Eso lo dijo la denuncia, no el fallo. Ojo con convertir una denuncia en certeza.
Justo, pero si no hay prueba objetiva, ¿por qué se investigó tanto? Me parece que faltó transparencia.
Lo bueno es que el juez aclaró que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor. Eso importa.
¿Y ahora? ¿La Cámara Federal de Casación puede reabrir todo? Me parece que sí, porque no está firme.
Como vecina de Rosario, me alegra que se resuelva por vía judicial y no por redes. Que la Justicia haga su trabajo.